El Gobierno pretende gastar hasta $1.000 millones extra para financiar la emergencia en seguridad de los próximos dos años y equipar a la policía. Eso, sin tener en cuenta que el Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto superior a los $3 mil millones para el 2016.

Dentro de una larga lista de pedidos, quiere destinar este dinero para la compra de patrulleros “inteligentes”, con la capacidad para detectar los rostros de personas que tengan medidas pendientes con la justicia. Desde la oposición resaltaron la necesidad de restringir la capacidad del Ejecutivo a prorroga la situación sin un límite de la Legislatura.

Hugo Sánchez, jefe de Planificación del Ministerio de Seguridad fue categórico al asegurar que “tenemos una fuerza desorganizada que intenta hacerle frente a una delincuencia en camino de formar una organización criminal”. “El delito aún es incipiente, pero los números son alarmantes”, completó el funcionario quien comentó que “el Gran Mendoza es el segundo conglomerado urbano con más homicidios después del Gran Rosario, en la provincia de Santa Fe”.

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Para hacerle frente a la situación, el Gobierno presentó un proyecto de ley provincial, que plantea la adhesión a la emergencia en seguridad declarada por el presidente Mauricio Macri para 2016 y declara otra similar en Mendoza, por el doble de tiempo.

Con la emergencia, el Gobierno de Cornejo podrá hacer compras de elementos para la Policía con valores que pueden oscilar entre los $600 millones y $1.000 millones, que se sumarán a los $1.200 millones solicitados para la construcción de una nueva unidad penitenciaria. “Si el sistema de detenciones mejora, es obvio que vamos a necesitar más plazas para albergar presos”, resaltó Sánchez, en referencia a las 960 plazas que agregaría al sistema penitenciario, que hoy está al borde del hacinamiento.

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    Reforzar al “cerebro”

Desde el Ministerio de Seguridad insistieron en la necesidad de “tomar medidas urgentes para reforzar el cerebro del sistema”. Según un relevamiento interno, se pudo saber que la seguridad provincial no cumple con el estándar internacional que otorga un agente cada cuatro cámaras de seguridad, por lo que el monitoreo no es el óptimo.

A esto se suman una serie de detalles preocupantes sobre los edificios donde funcionan las comisarías y oficinas fiscales, de las cuales 165 se encuentran en estado crítico y 3 en estado terminal, con pedido de demolición municipal.

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El software y hardware policial también fue calificado de “obsoleto”. “Tenemos máquinas muy antiguas que operan programas creados en 1995”, remarcó Sánchez.
Objeciones

Tanto el Partido Justicialista como el Frente de Izquierda no dejaron de remarcar que “el proyecto tiene buenas intenciones pero pide un voto de confianza sin ningún elemento de control de gastos”. La diputada Silvia Ramos (PJ) solicitó que “el proyecto cuente con un anexo que especifique cuáles son los elementos que se van a adquirir, su costo y las etapas en la que se van a ir adquiriendo”.

Esto implica la no aceptación del artículo 7 que “autoriza al Poder Ejecutivo de hacer uso del crédito […] en operatorias con proveedores”. “No vamos a darle un voto de confianza sin elementos de control”, añadió el diputado Omar Parisi.

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