El 11 de octubre de 2009 el Senado de la Nación aprobaba con 44 votos a favor y 24 en contra, luego de casi 20 horas de debate, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A tres años de la sanción de la iniciativa, INFOnews dialogó con especialistas para hacer un balance de su implementación.

En ese sentido, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, destacó, de estos tres años, la ”Televisión Digital Terrestre” y resaltó la importancia de la aplicación del Banco Audiovisual de Contenidos Universales (Bacua). ”Hasta ahora la generación de contenidos, de ficción por ejemplo, estaba concentrada principalmente en Telefé y Canal 13. Ahora, con el Bacua la situación comienza a variar”, señaló.

Asimismo, remarcó ”la posibilidad de que universidades” accedan a un espacio mediático por cuenta propia y lo que eso implica en la diversidad de voces y contenidos.

En tanto, como uno de los puntos a profundizar, López señaló la situación de las radios. ”Es una tarea compleja, pero es fundamental regularizar las radios”, explicó.

Por otro lado, el funcionario se refirió al freno judicial que puso el Grupo Clarín a la aplicación del artículo 161 de desinversión, clave en la lucha antimonopólica.

”El 7 de diciembre va a abrir la posibilidad de que haya más pluralidad de voces, pero además hay que crear más licencias de cable y canales”, puntualizó.

Asimismo, hizo hincapié en que esa fecha no sólo es importante por la desinversión que tendrá que realizar el grupo Clarín -si la situación judicial continúa como hasta ahora- sino que otros grupos mediáticos también deberán seguir el mismo camino. Y mencionó a Vila-Manzano.

Por otro lado, el balance del especialista en comunicación y autor de Los monopolios de la verdad, Martín Becerra, fue distinto. ”Es una muy buena ley que ha sido hasta ahora muy poco aplicada. El Gobierno no la aplicó como debía y la oposición tampoco estuvo a la altura de los desafíos de la ley. Los grupos concentrados por su puesto resisten la aplicación, algo que era previsible. Hay poco para festejar a tres años porque muy poco de la letra de la ley se ha cumplido”, expresó.
También señaló la ”oposición corporativa, pero esperable, de los grupos concentrados de medios”.

A su vez, Becerra detalló cuáles fueron los puntos más importantes de la ley que faltan por cumplir: ”El 33 por ciento (del espectro audiovisual) para las organizaciones sin fines de lucro no se les dio; la integración de la oposición en los órganos de aplicación y control de la ley no se realizó; la elección del defensor del público no se hizo; los medios públicos que deberían ser públicos y no gubernamentales son gubernamentales y no públicos; la tarifa social para la televisión por cable tampoco se implementó”.

Por último, Becerra sostuvo que para que se modifique la situación ”depende mucho del Gobierno y de las fuerzas de la oposición”.

Desde otro punto de vista, el Director de la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA y uno de los participantes en la elaboración de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación que sirvieron como base de sustentación para la ley, Glenn Postolski, evaluó la situación en términos históricos.

”Lo primero que hay que pensar es que durante 54 años lo que estuvo en vigencia fueron decretos leyes establecidos por dictaduras militares. Entonces hay que contrastar 3 años con 54. Durante 54 años se cimentaron las bases para un sistema basado en pequeños grupos muy concentrados que tuvieron a la comunicación como una lógica mercantil. Desmontar eso que se construyó a lo largo de 54 años no es una tarea que se resuelva con la sanción de la ley y sólo con la expresión de la voluntad sino que forma parte de un proceso cultural y los procesos culturales tienen otros tiempos que los tiempos políticos. Suelen ser más lentos y pueden tener otras variables y generar alternativas de forma muy diferente”, detalló.

Asimismo, destacó: ”Hay que pensar más en términos de largo plazo y que en ese largo plazo el balance inicial es positivo en tanto y en cuento uno puede tener la expectativa de la aparición de un escenario mucho más plural y diverso. En estos tres años recién comienza a verse de forma muy incipiente. A partir de la aplicación, en términos legales, de la totalidad de la ley va a dar lugar a profundizar este escenario. Hasta ahora ningún gran grupo comunicacional tuvo la obligación de adecuarse a los términos de la ley. Eso recién va a comenzar a producirse con la voluntad de la autoridad federal a partir del 7 de diciembre. Y a partir de ese momento es donde estas nuevas experiencias van a adquirir también una nueva condición de visibilidad. Por lo tanto, en ese sentido, la expectativa es auspiciosa”.

En el largo plazo el balance inicial es positivo

Consultado específicamente por los artículos de la ley que, a pesar de no estar impedidos por ninguna medida cautelar, aún no se cumplen, Postolski respondió: ”La ley está en vigencia y las cosas, se supone, van en torno a lo que establece esa ley. Ahora ¿cuál era la expectativa? ¿La aparición de innumerables nuevas emisoras? Eso forma parte de un proceso. En muchos casos la aparición de una nueva emisora tiene que ver con un proyecto que es político, social. Eso no se constituye de un día para el otro. Ni tampoco se generan las condiciones de sustentabilidad y financiamiento de ese tipo de proyecto de un día para el otro. La nueva ley es un marco y en ese marco se emprolijaron algunas cuestiones y esas cuestiones son un piso y un umbral para que eso se vaya profundizando”.

”La aplicación de la ley es un proceso no es algo que se sancionó y entonces esto cambió. Se va cambiando en términos integrales. Y por eso tampoco se puede desligarlo de los efectos que tiene el cambio del mapa comunicacional que se tiene que dar a partir del 7 de diciembre. El cambio de mapa permite que las cosas que se vienen generando adquieran un nuevo tipo de relevancia”, agregó.

Por último, el académico resaltó ”la experiencia de la Televisión Digital Terrestre” porque ”es un impulso de una política pública que marca un cambio”.

”Se puede permitir a millones de personas, principalmente a aquellos vinculados a los sectores más excluidos de la sociedad, acceder a bienes simbólicos de manera gratuita. Permite construir una conciencia de que la televisión es un bien para la sociedad, que es gratuito, y que esa televisión tiene que tener una alta calidad de emisión y a su vez una diversidad de contenidos. Ese es un punto que se empezó a sembrar en los últimos años y que tiene que cambiar la mentalidad de los usuarios”, concluyó.

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