En un mundo que desde hace un lustro arrastra una crisis financiera que demuele los derechos sociales, el Estado Nacional definió a la inclusión como uno de sus pilares. En mayo de 2010 se creó la AUH con 3.3 millones de beneficiarios, como un aporte directo del Estado para el cuidado de los menores cuyos padres se encuentran desocupados o en empleos no registrados, ya que el resto perciben coberturas similares dentro de los convenios laborales.

En enero de 2013 se incorporó a la cobertura a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación. Este derecho alcanzó a 1.7 millón de familias que perciben de $220 por hijo a $880 en caso de alguna discapacidad.

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Uno de los elementos fundamentales de la AUH es que los padres deben cumplir con dos requisitos fundamentales: mantener la escolaridad de los niños y cumplir con el cronograma de vacunación, lo que redundó en una mejora sustancial en los índices de salud y educación.

La protección de nuestros abuelos fue otro de los ejes que protagonizaron la reparación de la última década. Hasta 2003, las jubilaciones estaban congeladas en $150, que cubría a 3.1 millones de personas, con un sistema expoliado por la privatización en manos de las AFJP. Apenas se destinaba el 4.1% de un PBI totalmente deprimido de un Estado desfinanciado y quebrado.

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Diez años más tarde, se destina casi el 8% del PBI que se duplicó. Desde 2003 el sistema incorporó a más de 2.5 millones de jubilados, siendo la cobertura más alta de América Latina: 94,3% (Brasil, 89,5%; Uruguay). Y fundamentalmente, los haberes jubilatorios crecieron un 1443%, pasando de los $150 a $2165 de mínima.

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Mediante Anses el Estado distribuyó 224 mil tarjetas Argenta para compra a crédito y en cuotas a tasa preferencial para jubilados. El PAMI, pasó de 72 prestadoras médicas en 2003 a 20.000 y de los 9.000 jubilados que tenían medicamentos gratuitos, hoy ya son un millón y medio.

Fuente: Argentina.ar

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