Procesan con prisión preventiva y ordenan arresto de Cristobal Lopez y De Sousa

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy con prisión preventiva y ordenó las detenciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, acusados de “administración fraudulenta agravada” por la evasión de 8 mil millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de los combustibles.
En la causa, el magistrado procesó por el mismo delito a Ricardo Echegaray, aunque sin prisión preventiva, según informó el Centro de Información Judicial.

Para López y De Sousa, el juez Ercolini ordenó el arresto por considerar que violaron “deliberadamente las medidas cautelares impuestas”.

Sobre los tres imputados se impuso además un embargo por algo más de 17 mil millones de pesos ($17.042.509.692), una suma que se aproxima al valor de la totalidad de los activos que se le atribuyen a López.

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La investigación judicial investiga la evasión de 8.000 millones de pesos en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles -a través de la empresa Oil Combustibles SA- que, según la acusación, se usó para capitalizar a otras empresas del grupo empresario que lideraba López.

Según el procesamiento, López y De Sousa “se beneficiaron -en su carácter de responsables de Oil Combustibles SA- al recibir de modo sistemático y deliberado, en principio, por parte del administrador federal -Echegaray- planes de facilidades de pago vinculados al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, correspondientes a los períodos fiscales de mayo 2013 a agosto de 2015”.

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“De esa manera, el administrador federal, aunque no se descarta la intervención de otros funcionarios, posibilitó que la petrolera no pagara en tiempo y forma aquel tributo y utilizara indebidamente y en beneficio propio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del referido grupo, en perjuicio de las arcas del Estado nacional”, dice el texto.

Ercolini consideró que los imputados son “prima facie” autores del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

Con todo, al librar las órdenes de detención sobre los domicilios de los procesados, el juez ordenó a Gendarmería Nacional “abstenerse de difundir imágenes y/o información de los pormenores” del arresto.

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