Héctor Aranda y Saturnino Lorenzo Herrero Mitjans, protagonistas de los documentos que revela hoy Tiempo Argentino, son además ambos directores de la empresa Primera Red Interactiva de Medios Argentinos (PRIMA). La compañía ocupa el lugar número 370 dentro de la lista de 469 personas físicas y jurídicas que el juez Sergio Torres, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nº 12, remitió a organismos de control internacionales luego de la autodenuncia del ex directivo de JP Morgan Hernán Arbizu sobre lavado de dinero en la Argentina. Pero PRIMA es mucho más que una compañía del Grupo Clarín. Es la muestra palmaria del estrecho vínculo entre el alcalde porteño y el Grupo que conduce Héctor Magnetto que incluye contratos millonarios y un tratamiento preferencial para el líder del PRO.

PRIMA fue creada en 1989 y adquirida en 1998 por el Grupo Clarín para dedicarse a brindar servicios de Internet. En marzo de 2011, Macri benefició a la empresa con un contrato de U$S 274.320.480 para la provisión de netbooks a alumnos y docentes de las escuelas públicas de Capital por un lapso de cinco años. La concesión incluía el servicio de conectividad inalámbrica para 217 colegios y con cable para otros 504 como parte de la iniciativa ”Proyecto Quinquela”, un negocio millonario que permite conjeturar que en el blindaje mediático al jefe del PRO por parte de Clarín hay algo más que afinidad política. Lo curioso es que, aun tratándose de un negocio sumamente interesante, PRIMA fue el único oferente, en un proceso que levantó sospechas y cuestionamientos de principio a fin por parte de legisladores de la oposición y especialistas en telecomunicaciones.

Es en ese contexto que debe enmarcarse también el decreto de necesidad y urgencia que firmó el propio Macri y que la oposición denunció como ”decreto Clarín”. Se trata de un DNU que crea una nueva juricidad en la Ciudad de Buenos Aires para poner a las empresas periodísticas radicadas en el distrito al margen de las leyes nacionales y que generó un amplio rechazo entre juristas de diversas corrientes de pensamiento.

Macri recibe de los medios del Grupo Clarín un blindaje mediático que transforma la represión de pacientes, médicos y enfermeros del hospital Borda en un ”enfrentamiento”, y hasta esconde en páginas interiores la detención ilegal de uno de sus fotógrafos, Pepe Mateos.

A cambio, el alcalde porteño le otorga a empresas del multimedios negocios millonarios en la Ciudad y hasta llega a plantear una legislación de tinte secesionista diseñada a la medida de los intereses del Grupo Clarín (ver páginas 6, 7 y 8).

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