En ese momento suspendió la decisión de Thomas Griesa de que el país debía pagar el 100% a los bonistas que no ingresaron al canje. El Gobierno buscará demostrar su voluntad y su capacidad de pago alegando que dio dos posibilidades a los holdouts para entrar en las operaciones que se orquestaron en 2005 y 2010 y declinará, de forma terminante, la lectura sobre el pari passu («igualdad de trato»).

Está pendiente, en paralelo, la solicitud a la totalidad de los magistrados que conforman la Cámara (son 13) a tratar el caso dada la importancia del tema, teniendo en cuenta las reestructuraciones en puerta de países europeos. Esta iniciativa se denomina «en banc». Por ahora, sólo tres jueces de este tribunal son los que deciden. Sin embargo, este punto se espera que la Cámara lo considere más adelante.

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El sábado se conoció que los fondos buitre ensayaron una nueva jugada legal con la que intentan demostrar que el Gobierno de Cristina de Kirchner tiene un plan destinado a desconocer las órdenes de esos tribunales.

En concreto, los holdouts, incluidos los fondos NML Capital y Aurelius Capital Master, hicieron una presentación judicial pidiendo que se obligue a la firma de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa a la Argentina, a entregar documentación.

Los fondos buitre buscan información sobre supuestos planes de la Argentina para desconocer los requerimientos de la Justicia de Nueva York en el sentido de que deben recibir un trato equitativo con respecto a los tenedores de bonos que sí entraron en los canjes de deuda de la Argentina.

Según consignó la agencia Reuters, los acreedores argumentaron en su presentación que ni la Argentina ni el estudio de abogados que la representa podrían argumentar que los documentos que se exigen están protegidos, en el marco de la relación defensor-cliente. Es que según alegan, si se comprueba que la Argentina en realidad busca burlar las órdenes del juez Thomas Griesa, se estaría frente a un «crimen o un fraude».

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En su estrategia, buscan señalar que las declaraciones de funcionarios de primera línea del Gobierno, entre ellos la propia Presidente, implican que existe un plan para no pagarles. Y que eso es una violación legal, lo que perjudicaría la posición de la Argentina ante Griesa.

Sin embargo, el 13 de diciembre el Gobierno norteamericano demostró su apoyo al país cuando solicitó a la Cámara de Apelaciones que tome en consideración el pedido que hizo el Gobierno argentino. En ese sentido, sentaron posición de que la interpretación del tribunal sobre el pari passu «puede afectar negativamente a las futuras reestructuraciones voluntarias de deuda soberana, la estabilidad de los mercados financieros internacionales y el reembolso de los préstamos concedidos por las instituciones financieras internacionales».

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Según el cronograma de la Corte, luego de la presentación de la posición argentina el próximo viernes, los acreedores que ingresaron al canje de deuda y que se sienten afectados por el fallo de primera instancia lo harán el 4 de enero. El 25 de enero es el turno de los fondos buitre que litigan contra el país y el 1 de febrero será el turno de las respuestas. Todo esto para llegar al 27 de febrero a la audiencia oral.

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