Por Marcelo Giraud * para Página 12

La suspensión del proyecto minero Potasio Río Colorado ha desatado conflictos y controversias. Sectores empresarios y de la oposición responsabilizan a los gobiernos nacional y mendocino, mientras que éstos cargan sobre Vale, la empresa concesionaria y segunda mayor minera del mundo. Muchos se afanan por reanudar la construcción de la mina, mientras se soslayan aspectos críticos del proyecto, que llevan a varias asambleas y organizaciones a reclamar su reevaluación integral o cancelación.

Es inadmisible que Vale pretenda obtener aún más privilegios fiscales que los otorgados por las actuales leyes mineras, e incumplir compromisos acordados con las provincias involucradas en el proyecto, mientras extorsiona a gobiernos y sociedad a través del empleo directo de unos 4000 trabajadores. Recordemos que, concluida la construcción, el proyecto implicaría sólo unos 1000 empleos directos.

Es falso que Vale esté en mala situación: el informe financiero de la propia empresa señala que en 2012 distribuyó dividendos a sus accionistas por 6000 millones de dólares, monto sólo inferior al de 2011 en la historia de Vale, y equivalente al total de exportaciones argentinas en diciembre pasado.

Río Tinto, concesionaria anterior del proyecto, informó en 2006 que la inversión sería de 900 millones de dólares. Ahora, según Vale, el costo total habría pasado de 5900 millones a 11.000 millones de dólares. Si con 2200 millones se concretó el 40 por ciento de las obras, ¿cómo justificar 88.800 millones para el 60 por ciento restante? ¿Se estaría buscando defraudar en el pago del impuesto a las ganancias?

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La realidad respalda poco a quienes apuntan al precio del mineral de hierro (principal fuente de ingresos para Vale) como factor de freno del proyecto. Dicho mineral, que cotizaba a sólo 28 dólares por tonelada en 2005, trepó a un promedio de 168 dólares en 2011 y bajó a una media de 129 en 2012, pero repuntó hasta 155 dólares en febrero pasado. Para otros, una supuesta demora en aprobar el proyecto habría impedido construir la mina durante el período de altos precios del cloruro de potasio, que en febrero de 2009 llegó a 900 dólares por tonelada. Pero hasta mediados de 2007 se vendía a menos de 200 dólares y superó los 500 dólares sólo por 15 meses: ningún empresario invertiría a 40 o 50 años basándose en una burbuja tan breve. Cuando Vale decidió concretar la inversión a fines de 2010, ya cotizaba a 335 dólares, y hoy a 390 dólares por tonelada.

La magnitud de la mina es incierta: el proyecto aprobado por el gobierno de Mendoza indica una producción máxima de 2,4 millones de toneladas por año, pero Vale y los funcionarios mendocinos y nacionales afirman que llegaría a 4,3 e incluso 5 millones de t/año. De ser cierta esta cifra, se duplicaría el volumen del principal pasivo ambiental del proyecto: 120 millones de toneladas de cloruro de sodio residual, que quedarían virtualmente a perpetuidad cerca del río Colorado al concluir la explotación. Este depósito implica riesgos de salinización para el río Colorado, empleado aguas abajo para bebida humana y riego en tres provincias. El sostenido rechazo de organizaciones e instituciones de la cuenca motivó una modificación al proyecto, que reduce dicho riesgo pero sin eliminarlo.

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Una objeción principal es el consumo de gas requerido: un millón de metros cúbicos/día según el proyecto aprobado, dos millones metros cúbicos/día según el ministro De Vido, volumen superior al consumo residencial de toda la provincia de Mendoza en 2012 (1,28 millón metros cúbicos/día). Dicho gas provendría de un yacimiento no convencional que YPF explotaría en Neuquén junto con Vale, mediante fractura hidráulica o ”fracking”. Los impactos y riesgos ambientales de esta técnica generan resistencias en muchos países y regiones, llevando a su prohibición en varios estados, entre ellos Francia, o moratoria, como en Nueva York.

Los suelos argentinos requieren poco potasio: 31.000 toneladas importadas en 2011, 1,3 por ciento de la capacidad del proyecto aprobado. Por ello, el potasio extraído se exportaría a Brasil, donde se aplicaría principalmente a los cultivos de soja, que cubren ya 27,5 millones de hectáreas. Al expandirse, siguen potenciando la deforestación en Brasil, que según la FAO fue de 26 millones de ha. entre 2000 y 2010. El más afectado por este proceso es el estado de Mato Grosso, donde la soja pasó de 4,2 a 7,9 millones de ha. entre 2006 y 2012.

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Según Naciones Unidas, en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76 por ciento de las exportaciones de la Unasur y 66 por ciento de las argentinas, contra sólo 34 por ciento del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron 7 por ciento, 10 y 25 por ciento, respectivamente. Si, como afirmó hace poco Murilo Ferreira, presidente de Vale, ”el superciclo de los commodities se terminó”, la economía de Argentina y nuestra América requiere una urgente reorientación de modelo productivo. Transición desde los agronegocios y la megaminería hacia un postextractivismo en la que también se juegan las soberanías, los bienes comunes y la calidad de vida.

* Prof. asociado de la Universidad Nacional de Cuyo.

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