”De la Rúa era el principal interesado en aprobarse la ley, necesitaba mostrar fortaleza de su gestión”, sostuvo la fiscal quien dijo que hay pruebas que el entonces presidente y líder de la Alianza ”ordenó” el pago de sobornos en un encuentro en abril de 2000 en la Casa de Gobierno.

La fiscal acusó por cohecho activo agravado a De la Rúa y De Santibañes, y por el mismo delito pidió la pena de seis años para los exsenadores Remo Costanzo, Alberto Tell y Augusto Alasino, al dar por probado que cobraron el soborno en el departamento de Emilio Cantarero, también exsenador y quien quedó fuera del juicio por problemas de salud.

”Se encuentra acreditado que De la Rúa prometió a Alasino y a Tell hacerles entrega de una suma de dinero”, sostuvo Namer y dijo que ”siguiendo esas directivas”, el entonces titular de la SIDE ”le ordenó a su secretaria que entregara varios millones a Mario Pontaquarto”, quien fue conocido como el ”arrepentido” del caso.

Para los exsenadores, la fiscal pidió además que se le cobre una multa a cada uno de 90 mil pesos, al ser acusados por cohecho pasivo (el que recibe el soborno).

Namer también pidió para Pontaquarto la pena de un año y seis meses, pero al unificarla con una anterior (por la cual el entonces exsecretario parlamentario fue condenado por apropiarse de viáticos cedidos por el Congreso) finalizó pidiendo una condena única de tres años de prisión en suspenso.

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Asimismo, tal cual lo hizo la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción días atrás, la fiscalía pidió la absolución del exministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y del exsenador Ricardo Branda, por entender que no está acreditado que supieran o participaran de la maniobra.

En su extenso alegato, que culminó este jueves tras cuatro días de exposición, Namer detalló el rol de cada uno de los acusados: De la Rúa ”ordenó” el pago de sobornos y era el ”principal interesado” que la ley se aprobara.

Sobre la responsabilidad de De Santibañes, recordó que existen llamados varios entre su entonces secretaria y el despacho de Pontaquarto, así como el registro del ingreso de este último a la SIDE el día que aseguró que fue a retirar las dádivas.

En cuanto a Tell, Costanzo y Alasino, la fiscal sostuvo que eran los senadores con ”más influencia en el bloque” y cuestionó: ”¿Qué casualidad que los tres fueran captados por antenas ubicada en la cercanía del departamento de Cantarero (donde se habría distribuido el soborno, ndr)?”.

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”No existió casualidad”, remató Namer, quien reclamó a los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez ”no que hagan un acto heroico” sino que ”apliquen la ley”.

La fiscal Namer dio credibilidad a los dichos del ”arrepentido” Pontaquarto: ”Las contradicciones de su relato fueron aleatorias y él iba contando en la medida que recordaba”, sostuvo, y agregó que buena parte de sus dichos ”se vieron confirmados”.

”Es explicable que haya contradicciones o errores por detalles accesorios”, agregó la fiscal ante el Tribunal, para quien Pontaquarto aportó ”enorme cantidad de elementos que hacen creíble el relato”.

En tanto, cuestionó que se ”necesite prueba directa para probar sus dichos” y dio crédito a la visita de Pontaquarto a la SIDE, de donde retiró el dinero luego de que -según señaló el arrepentido- De la Rúa diera su aval para que se lleve adelante la maniobra.

Días atrás, la Oficina Anticorrupción había pedido la pena de seis años y seis meses de prisión para De la Rúa y De Santibañes; de cinco años y seis meses para los exsenadores Alasino, Tell y Costanzo; y a un año de prisión en suspenso para Pontaquarto.

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La diferencia en cuanto al monto de la pena pedida entre la fiscal y la OA se debe a que la querella consideró que debía también condenarse al expresidente por el delito de peculado.

El juicio continuará el próximo 17 de octubre con el alegato de Pontaquarto, y luego en los días posteriores tendrá la posibilidad la defensa del expresidente, quien asistió a todas las audiencias y hasta él mismo tomó intervención con preguntas a los testigos.

Apenas finalizada la audiencia, la defensa de De la Rúa dio a conocer un comunicado a Noticias Argentinas en el que aseguró que la acusación de la fiscalía y su ”absurdo pedido de condena, carente de todo fundamento”.

”El dictamen fiscal no se basa en la prueba recibida durante el juicio que ha demostrado las falacias que originaron la causa”, indicó el texto, el cual además agregó que el pedido de absolución de la fiscalía de Flamarique ”es un gran paso que hace desaparecer la falaz historia de la ”Banelco”, falsamente atribuida”.

Ello en referencia a que Flamarique, en un encuentro con sindicalistas, habría aventurado: ”Para los senadores tengo la Banelco”.

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