Piden revocar la absolución de Menem

Menem había sido absuelto por el Tribunal Oral Federal Nº4 que declaró de oficio la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio contra el ex presidente y dictó la caducidad del delito.

Contra esa resolución del tribunal oral, la fiscal del juicio y la parte querellante, representada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, interpusieron recursos de casación, los cuales fueron concedidos por el tribunal oral y mantenidos por De Luca.

El ex presidente y ahora senador llegó al juicio oral y público acusado de haber ingresado datos falsos en su declaración jurada patrimonial presentada en octubre del 2000, a fin de dar cuenta de su estado patrimonial tras sus mandatos.

Menem habría omitido maliciosamente consignar algunos bienes que a la fecha de la presentación del formulario eran de su propiedad.

Puntualmente, el ex presidente está acusado de haber omitido en su declaración jurada del año 2000 distintos bienes, entre ellos dos cuentas bancarias en Suiza -una de las que estaría a nombre de su hija, Zulema Menem-, un Fiat 147 de 1984, una Traffic, acciones y dos aviones ultralivianos accidentados.

El fiscal ante el tribunal de alzada señaló que con independencia de si se configuraron otros delitos (por los que el tribunal oral declaró la nulidad parcial del requerimiento de la elevación a juicio) la omisión maliciosa no estaba prescripta.

El artículo 268 inc (3) del Código Penal, si bien tiene una pena máxima de dos años de prisión, también prevé la pena de inhabilitación especial perpetua en forma conjunta, pena cuyo plazo de prescripción es de cinco años. De Luca afirmó que este último debería ser el tiempo a tener en cuenta para la extinción de la acción penal.

En el dictamen, De Luca consideró que para identificar si la acción penal sigue en pie, se debe tener en cuenta la fecha de comisión del delito, las interrupciones, y también las suspensiones de la prescripción. Menem dejó de ser presidente en diciembre de 1999; el hecho que se le imputa se inició el 6 de octubre de 2000; fue citado a prestar declaración indagatoria el 20 de agosto de 2002; pero en diciembre de 2005, volvió a ejercer la función pública al ser elegido senador nacional, por lo que el curso de la prescripción quedó suspendido nuevamente, según informó el ministerio público fiscal.

El fiscal solicitó que se haga lugar a los recursos y se sortee un nuevo tribunal para que se lleve adelante el juicio oral.

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