En 1992, Mauricio Macri era vicepresidente de Sevel, empresa que salía por primera vez a cotizar en bolsa. En ese proceso se denunció que los propios vendedores habían comprado sus acciones, con el fin de inflar el ”precio de corte”. La operatoria fue sancionada por la Comisión Nacional de Valores CNV (resolución 13.899). Luego, en los tribunales, la misma fue desestimada porque en el expediente no quedó “suficientemente probada” la manipulación (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, registro 92.720/01).

Mas allá de la decisión final de la Justicia, lo interesante es lo que quedó probado sobre la operatoria. El punto es que para fijar el precio de corte (el valor final por unidad en una subasta de valores), se promedian todas las ofertas recibidas. Según consta en las fojas, hubo una sorprendente serie de ofertas surgidas de grupos oscuros como el BM International Bank TCL (de Bahamas), Towlin SA (Uruguay), Gadsen SA y Lansing SA (ambas de Islas Caimán) por una cifra cercana a los 48 millones de dólares. Estas sociedades luego le transfirieron la cartera a Lawton International Co., otra empresa offshore, en este caso de Islas Vírgenes.

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El dato notable surgió al seguir el dinero: ninguna de estas sociedades fantasma tenía los recursos para afrontar semejante compra de activos. Según consta en la causa, y esto es la piedra de toque del escándalo, el pago se hizo con un giro de 50 millones de dólares que salieron de unas cuentas que la propia Sevel tenía en Panamá y Nueva York. En otras palabras, la empresa compró –o financio la compra de– sus propias acciones. La cosa se complica porque ese dinero fue devuelto por las empresas compradoras, pero no con recursos genuinos sino con un deposito de casi 55 millones que el vicepresidente de Sevel –Mauricio Macri– hizo desde una cuenta propia en Italia hacia una cuenta de BM International. Franco Macri reconoció que como garantía de la operación se quedó con las acciones al portador de Lawton. Según la defensa, todo se trató de un simple préstamo cuando se vio que los compradores no tenían dinero para enfrentar la operación.

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Para la CNV quedó claro se aprovechó el anonimato de las sociedades offshore para que la familia Macri comprara sus propias acciones, lo que sería manipulación del mercado. Es que este grupo de ofertas elevaron el precio de $1,58 (precio base) a $2. Eso implicó una ganancia extra de más de 33 millones de dólares. Para el juez que redactó el fallo si bien la historia del préstamo le parecía ”dudosa” y plagada de ”extrañas circunstancias” no la podía calificar de inverosímil. Y la versión de la auto-compra si bien tendría un grado de “probabilidad” la manipulación, no alcanzaría para tener ”el necesario grado de certeza” para juzgar el caso.

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Pero más allá de la absolución, lo que quedó probado es el uso intensivo que hacia Sevel de sociedades offshore, de las cuales el propio Franco terminó siendo accionista de una de ellas. También quedó claro que el uso de esas sociedades era ”dudosamente” legítimo y ”probablemente” ilegal. Finalmente quedó probado que Macri tuvo una participación activa en la maniobra: hizo los giros por 55 millones de dólares desde cuentas a su nombre a una sociedad fantasma que, a su vez, era la compradora de acciones de la empresa de la cual era vicepresidente.

Legal o no, lo que queda en el tintero es si no se riñe con la ética una operación así. Máxime, si fue hecha una persona que terminaría siendo presidente de la República Argentina.

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