Luego de una década de gran crecimiento de la economía, batiendo récords históricos, los últimos años se presentaron con un ritmo de actividad económica más bajo, no obstante lo cual el año pasado cerrará con un valor cercano al 5%, superior al promedio de nuestra región.

Para el año en curso, los pronósticos rondan el 4%, por lo tanto es de esperar que el desempleo se mantenga en los niveles actuales, inclusive bajando al 6,7 por ciento. Esta tasa nos coloca en un rango social destacado, muy lejos ya de la de etapas críticas de nuestra economía, como en mayo de 2002, cuando la desocupación llegó a rozar el 21,5 por ciento. Este dato tan importante conforma una ecuación con su inseparable: el trabajo, ya que se crearon durante la década 5,5 millones de nuevos puestos.

El crecimiento de estos años fue promovido y sustentado por las políticas de fomento al mercado interno. Entre las más importantes de los últimos tiempos se destaca la continuidad del Plan de viviendas Pro.Cre.Ar, la Línea de Créditos para la Inversión Productiva con un alto porcentaje para Pymes, el sostenimiento de los ingresos a los trabajadores derivados de las paritarias libres, y los aumentos del salario mínimo. El listado debe incluir también la actualización semestral de las jubilaciones, lo cual posibilitó que los pasivos ajusten sus haberes por encima de cualquier índice de inflación. En este tema tan trascendente, hay que agregar otra medida impensada hace poco tiempo: el Plan de Inclusión Previsional, que llevó a que el 93% de los mayores de 65 años tengan cobertura jubilatoria. Esta es una medida incomprensible para quienes adscriben a la más pura lógica fiscalista de gestión de la economía.

Si asumimos en plenitud la notable internacionalización de la economía en las últimas décadas, se aprecia el complejo entorno global, asociado a lo que viene ocurriendo en los países del centro del capitalismo. Particularmente en Europa, algunas economías se achican y otras crecen en forma anémica, como producto de las políticas de ajuste pregonadas por la troika, dejando en falsa escuadra al coro de opinadores locales que por todos los medios intentan emular las políticas ”serias” del primer mundo, que, en pocas palabras, se sustentan en la existencia de estados mínimos e impotentes, funcionando como garantes del lucro de las corporaciones privadas. Como ya está probado en ese modelo, los conglomerados empresarios siguen obteniendo grandes utilidades, mientras las mayorías sociales padecen desocupación y carencias de todo tipo.

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Desde el otro lugar, el principal escollo se vincula al resurgimiento de la denominada restricción externa, que impacta negativamente sobre las reservas del país. Esta cuestión es importante ya que puede imponer límites al crecimiento debido a la constante necesidad de contar con divisas para garantizar las importaciones de bienes y energía que demanda el proceso productivo. Por esta razón, la recuperación del 51% del paquete accionario de YPF y la búsqueda del autoabastecimiento energético deben ser considerados como uno de los hitos más importantes de la actual gestión, aunque en los hechos el impacto principal no se perciba en el corto plazo, ya que en general requiere inversiones que tardan un tiempo en realizarse y luego madurar. Sin embargo, vale la pena señalar que desde la reestatización se terminaron los faltantes de nafta en las estaciones de servicio, con sus consabidas colas interminables.

Por otra parte, el gobierno está actuando con diversas iniciativas para lograr un mayor grado de eficiencia en las políticas de sustitución de importaciones, o la ratificación de la flotación administrada del tipo de cambio. Estas líneas de trabajo permitieron incrementar el ritmo de depreciación mejorando la competitividad de la economía, posibilitando que los industriales tengan mejores condiciones y decidan invertir con vistas a incrementar sus exportaciones, pero también para fabricar nuevos productos que remplacen a los importados. La lógica seguida está en las antípodas de los que proponen devaluar abruptamente el tipo de cambio y así contraer el nivel de actividad económica, lo cual les garantizaría enormes ganancias a esos empresarios, fundamentalmente a los exportadores, y a su vez fuertes pérdidas de ingresos a la población.

Está claro que el camino no es sencillo, y además algunos se ocupan de poner piedras con opiniones desestabilizadoras que tratan de influir en el humor social, apuntando a generar ”cuasi” golpes de mercado. Saben muy bien que cuando generan expectativas devaluatorias, impactan en las conductas comerciales de los productores. Un buen ejemplo de ello es el retraso de las exportaciones agrícolas, lo cual tiene un efecto concreto sobre la liquidación de dólares y, por ende, en las reservas internacionales.

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Otro de los temas que sigue mostrando toda su impronta es la inflación, un tópico que debe ser abordado evitando caer en la lógica del realismo mágico de muchos analistas ortodoxos, que todavía creen, o dicen creer, que la inflación se resuelve por la vía de una contracción fiscal o monetaria.

El punto es que, lejos de tratarse de una discusión técnica, es un debate eminentemente político, que busca influir, aunque algunos intenten ocultarlo, en la disputa por la distribución del excedente.

La visión de puja distributiva se orienta inevitablemente a que el Estado tenga un rol activo y efectivo en el control de los costos de los formadores de precios para evitar conductas abusivas y la apropiación sin límite de ganancias. Una de las medidas propuestas para enfrentar la suba de precios sería la aplicación de una alícuota impositiva vinculada a una razonable tasa de ganancia para cada sector. Por encima de esa tasa, la tributación sería total. Así, todo incremento de precios que supere cierto límite iría al fisco, desincentivando las remarcaciones desmesuradas que terminan pagando los consumidores, o sea los ciudadanos de nuestro país. Esta iniciativa se sustenta en una idea de fondo: la rentabilidad empresaria no debe ser una categoría sagrada. Lo único sacrosanto debe ser la lucha por la igualdad y la mejora de la vida de nuestro pueblo.

Entre los cuellos de botella que han resurgido con fuerza también está el de la electricidad, que ha ganado escena recientemente con las altas temperaturas, dejando en evidencia los inconvenientes que existen en el segmento de distribución, el cual, atento a la insuficiencia de las inversiones en el sector, se ha mostrado ineficiente como para abastecer los requerimientos de la mayor actividad de la industria y el comercio, y también de los hogares, que han incrementado notablemente su dotación de equipos de aire acondicionado.

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Poner el foco sólo en el control estatal, ocultando la responsabilidad de las empresas privadas, que aprovechan para incrementar sus márgenes de ganancia, luce como una idea peligrosa, pues excluye a estas últimas de la responsabilidad que les cabe, y las pingües ganancias que han obtenido especialmente en los noventa, cuando las tarifas estaban hechas a su medida.

En este marco, se impone rediscutir de una manera más amplia, ya no el cuadro tarifario, sino la necesidad de que el Estado sea el proveedor de los servicios públicos, pues la vida ha demostrado palmariamente que es el único que puede tener una visión de servicio como objeto central de su actividad, y sobre esa base proveer a la comunidad de todo lo que necesita, tanto en términos del aparato productivo como a los hogares. Los prestadores privados ya demostraron que son fieles solamente a su objeto social: el lucro. Es decir que fatalmente colisionan con el sentido de servicio público.

Las urgencias del corto plazo no deben desviarnos de otros temas también trascendentes, y que se vinculan a la vigencia de leyes de la dictadura como la de Entidades Financieras o la de Inversiones Extranjeras. También hemos mencionado la necesidad de denunciar los tratados bilaterales de inversión, y avanzar hacia una reforma tributaria que incorpore la progresividad como concepto central a la actual política impositiva.

Nuestras deudas sociales pendientes deben continuar siendo enfrentadas con determinación, concientes de que son fuertes rémoras del neoliberalismo impuesto en las últimas décadas. Sin embargo, lo central es valorar el camino que vinimos recorriendo, defenderlo frente a los ataques brutales de la asociación político-mediática, profundizando los cambios antineoliberales del kirchnerismo en un sentido integral: distribuyendo riqueza, ampliando el rol del Estado y continuando con las grandes transformaciones en materia de derechos sociales y culturales.

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