En una audiencia celebrada ayer en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío, el funcionario ratificó su denuncia por “administración infiel” con motivo de la venta de bobinas de papel a los diarios “Clarín” y “La Nación” a un “precio inferior al costo de producción”.

 

Ante la secretaria letrada Laura Charnís, el funcionario ratificó “en todos sus términos” la denuncia efectuada a fines de febrero ante la Cámara Federal donde se designó a Bonadío tras el sorteo de rigor.

 

De acuerdo a las normas procesales, luego de la ratificación de Moreno, el magistrado remitirá el expediente al fiscal Carlos Cearras para que dictamine, conforme lo establece el artículo 180 del Código Procesal en materia Penal, si corresponde abrir la investigación penal.

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Fuentes judiciales revelaron que la presentación se efectuó tras conocerse informes realizados por la Comisión Fiscalizadora, que llevan la firma del síndico General de la Nación, Daniel Reposo; del vocal Agustín Tarelli y el consejero de Vigilancia Titular, Alberto González Arzac.

 

De dichos informes se desprendería “el perjuicio económico a Papel Prensa Sociedad Anónima (PPSA) y al Estado nacional como socio” ya que se vende por debajo del costo de producción en lo que califican como “hechos defraudatorios”.

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La ”infidelidad” de la administración surgiría de “violaciones a los deberes de cuidado del patrimonio ajeno, verificándose también que los miembros del Comité Ejecutivo y el Gerente General de Papel Prensa han incurrido en un ostensible abuso en la realización de sus operaciones de gestión y su labor gerencial, respectivamente, ocasionando todo ello un alto perjuicio económico al Estado nacional”.

 

En otro expediente, vinculado con supuestas irregularidades en la venta de Papel Prensa, días atrás la Cámara Federal de esta capital ordenó al juez Daniel Rafecas proseguir con el trámite de la denuncia del fallecido propietario del diario La Razón, José Pirillo.

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En mayo de 2010, en una asamblea de accionistas, se brindaron testimonios, entre ellos el de Pirillo, que, según el juez en lo comercial Eduardo Malde, a cargo de la intervención de la empresa, podrían referir la comisión de delitos de acción pública.

 

En agosto de ese mismo año Rafecas pasó a la justicia federal de La Plata la denuncia por supuestos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la operación de traspaso de las acciones de Papel Prensa por parte de la familia Graiver.

 

Telam

 

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