La Cancillería le informó al juez federal Sebastián Casanello que los países a los que pidió información sobre Mauricio Macri en la investigación de los Panamá Papers pueden llegar a requerir ”aclaraciones” o directamente devolver los exhortos.

De acuerdo al Gobierno, ”no surge con claridad la descripción precisa de los hechos imputados”. Esto lo comentaron pese a que fuentes judiciales confirmaron a El Destape que no existen problemas técnicos en los escritos.

Es más, letrados consultados por este medio no recordaron presentaciones similares por parte del Poder Ejecutivo en asuntos relativos al Judicial. Debido a la influencia que tiene el gobierno de turno en la respuesta o no de los requerimientos por parte de otros países, interpretaron este escrito como un obstáculo para los investigadores.

El Ministerio de Exteriores le presentó una carta a Casanello donde arguye irregularidades en los exhortos pedidos por el fiscal Federico Delgado que investiga al Presidente de la República. ”Esta Autoridad Central se permite destacar que de la lectura de la solicitud no surge con claridad la descripción precisa o circunstanciada de los hechos imputados –de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.a– y esto determina la posibilidad de que las autoridades requeridas, en forma previa a la ejecución de la solicitud, requieran aclaraciones al respecto o procedan a su devolución para su complementación”, planteó en la nota 6583/2016 de la Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal de Cancillería del pasado 15 de junio y a la que accedió Infobae.

Los escritos enviados a Panamá y Uruguay por Casanello y Delgado requieren información societaria sobre la empresa Foxchase Trading SA. Esta compañía se fundó en Panamá el 10 de diciembre de 2012 y junto a otra otra uruguaya tomaron el control de Macri Investment Group (MIG), donde el jefe de Estado era accionista.

MIG es una de las involucradas en la creación de Global Collection SA, vinculada con Global Collection do Brasil y el lavado de U$S 9 millones realizado por la offshore Fleg Trading Limitada, que mostró Economía Política.

Pese a lo que dice el Gobierno nacional, fuentes en la Justicia confirmaron a este medio que los exhortos no deberían ser rechazados por Panamá y Uruguay, ya que se trata de requerimientos de datos societarios y no de una incriminación.

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