El oficialismo introdujo más modificaciones a su proyecto de reforma del Código Civil, entre las que se destacan la eliminación de las cuestiones vinculadas a la gestación por sustitución y la fecundación post mortem, que se condicen con algunos de los reclamos de la Iglesia.

Así lo anunció el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, durante la reunión de la Comisión Bicameral que estudia la reforma, donde además señaló que ”se fortalece” el artículo 18, referido al derecho a la propiedad indígena.

Pese a las concesiones, tanto el Frente Renovador como la UCR anunciaron que no acompañarán el proyecto del oficialismo y que firmarán dictámenes propios.

Tras concluir la reunión, Pichetto defendió el dictamen al asegurar que las posturas de cada espacio ”ya estaban definidas”, aunque sostuvo que ”si surge alguna cuestión valiosa a incorporar (en la sesión del miércoles que viene), estamos dispuestos a sumarla”.

Ayer, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, junto con el viceministro de la cartera, Julián Álvarez, defendieron la iniciativa del Poder Ejecutivo para actualizar y unificar los Códigos Civil y Comercial de la Nación en una audiencia que se realizó en el Congreso.

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En ese marco, ambos funcionarios destacaron la unanimidad de criterio que se alcanzó en la gran mayoría de los más de 2.600 artículos que conforman la norma.

De los 30 legisladores que conforman la Bicameral, la mitad más uno pertenecen o son aliados del kirchnerismo, por lo que se espera que la iniciativa obtenga el respaldo suficiente para ser debatida en la sesión del 27 de noviembre próximo en el Senado en primer lugar.

Tanto Alak como Álvarez ponderaron las coincidencias a las que se llegó entre el oficialismo y todas las fuerzas de la oposición en cuestiones como la fertilización asistida, adopción, matrimonio y la imprescriptibilidad de las acciones civiles en juicios de lesa humanidad.

Alak calificó como ”una deuda con la democracia” el proyecto y explicó que uno de los motivos que llevó a impulsar el nuevo código tiene que ver con ”un nuevo ordenamiento jurídico institucional de Argentina que se adoptó en 1994 con la reforma constitucional y la incorporación de nuevos tratados internacionales”.

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El ministro también mencionó ”los cambios sociales y culturales que han venido modificando a nuestra sociedad en las últimas décadas”.

A su turno, Álvarez destacó que ”hay consenso en más de 190 temas que son los pasibles de discusión en los que se realizaron incorporaciones”.

En ese sentido, el viceministro destacó que los legisladores deberán abordar ”la norma de mayor importancia jurídica e histórica” de los últimos años de la Argentina y expresó su deseo de que ”sea aprobada rápidamente”.

Desde la oposición reclamaron que la cuestión de la responsabilidad del Estado debería haberse incorporado en el trabajo y no haberse enviado un proyecto de ley que se discutirá en Diputados, al cual los no oficialistas también cuestionan.

El diputado radical Ricardo Gil Lavedra afirmó que ”la responsabilidad del Estado es una norma de derecho público que debería estar contenida en el código”.

Al respecto, Alak respondió que ”sería muy malo para el sistema jurídico argentino establecer dentro del Código Civil la responsabilidad del Estado” porque se trata de un ”claro agravio al federalismo” y ”provocaría que en el mediano plazo los factores económicos puedan usar esa responsabilidad para ir contra los municipios y contra el estado federal”.

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Además, Alak consideró ”disparatado” pensar que ”el período de prescripción de dos años (establecido en el proyecto de Ley que está en Diputados) es para achicar los márgenes de corrupción” e insistió en que ”el poder económico quiere generar juicios multimillonarios contra el Estado nacional y los estados provinciales”.

Por el contrario, el diputado de PRO, Pablo Tonelli, anticipó que el bloque al que pertenece no apoyará el Código si no se incluye la cuestión en su articulado y vaticinó que ”se generaría en muchos lugares del país una situación de vacío legislativo muy preocupante”.

En cambio, el senador Marcelo Guinle sostuvo que, pese a lo que cuestionaron otros legisladores de la oposición, ”la nueva Ley no exime al Estado, porque señala al concesionario por obrar mal, pero también al Estado si no controló como debía”.

”No está exculpando al Estado ni al funcionario público”, sentenció el kirchnerista chubutense.

Ambito

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