La información consta en documentos no oficiales del caso “Lava Jato” que la Justicia de los Estados Unidos le entregó a autoridades del actual Gobierno

El holding Odebrecht pagó más de cien millones de dólares de coimas en la Argentina para hacer negocios de obras públicas.

Según detalla el diario Clarín, esa información consta en documentos no oficiales del caso “Lava Jato” que la Justicia de los Estados Unidos le entregó a autoridades del actual Gobierno.

La Casa Rosada ya tiene en su poder un listado de influyentes ex miembros del Gabinete K, operadores de esos ex funcionarios, algunos muy conocidos en el mundo del poder; otros absolutamente anónimos; también empresarios del rubro; y hasta banqueros.

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Siempre según la versión de los “arrepentidos” de Odebrecht, fueron estas personas con cargo o llegada al poder del Estado, y al económico, los que cobraron sobornos en Buenos Aires para beneficiar a la empresa brasileña.

El documento que llegó desde el norte no es oficial, pero es una copia impactante, con sello y membrete de la Justicia de los Estados Unidos, en el que se pueden leer parte de las declaraciones judiciales que realizaron en ese país gerentes y accionistas de la constructora brasileña: confesaron cómo fue que su compañía se expandió en Latinoamérica gracias a pagos irregulares millonarios que les garantizaron el éxito financiero, hoy su desgracia.

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Hasta ahora, había trascendido que Odebrecht habría admitido que los sobornos que había pagado en la Argentina alcanzaban los treinta y cinco millones de dólares.

Pero el cálculo real, según el paper que tienen en su poder dirigentes de Cambiemos, triplica esa cifra que alimentó la corrupción en la Argentina de los años K.

Marcelo Odebrecht, nieto del fundador del holding brasileño del cemento, fue condenado a diecinueve años de prisión después de relevar el método delictual con el que su empresa logró expandirse en Latinoamérica y en naciones de África.

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En el mismo sentido declararon otros setenta y siete “delatores premiados” que trabajaron para esa empresa. Se trata de una figura judicial que se puede aplicar en Brasil a quienes colaboran en investigaciones de este estilo.

En la Argentina no existe aún una ley que permita a la Justicia aplicar penas y multas a empresas jurídicas que participen de negociaciones corruptas con integrantes del Estado, incluso con la posibilidad de que si confiesan sus acciones también puedan beneficiarse penal o económicamente.

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