La Cámara de Diputados se prepara para volver a poner en la agenda parlamentaria el proyecto de ley que propone suspender los desalojos rurales por cinco años, elaborar un registro que permita tener un mapa de los conflictos a lo largo del país y destacar la función social de la tierra, a casi un año del asesinato de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero.

La cita, que originalmente iba a ser esta misma semana, en la antesala del 12 de Octubre, finalmente, será el 15 de este mes. Un grupo de diputados oficialistas, entre ellos Edgardo Depetri (del Frente Transversal, quien firmó el proyecto elaborado por organizaciones campesinas), Leonardo Grosso (del Movimiento Evita, que ahora tiene a Daniel Pérsico en la Subsecretaría de Agricultura Familiar), Remo Carlotto, más legisladores de Nuevo Encuentro recibirán a campesinos santiagueños y familiares de Cristian Ferreyra, quien murió desangrado en noviembre de 2011 tras recibir un escopetazo (ver aparte). El proyecto fue presentado a fines del año pasado y rebautizado como la ley Cristian Ferreyra. Los diputados se proponen no sólo que no pierda estado parlamentario sino acelerar la discusión para que sea votado en el recinto. ”El eje central es frenar los desalojos durante cinco años. Y proteger a pequeños productores y campesinos. Queremos darle impulso”, precisó Leonardo Grosso a Tiempo Argentino.

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”Este proyecto tiene que ver con construir una herramienta legal para los municipios y los gobiernos provinciales. Cuando nosotros visitamos Santiago lo que vimos es que faltan herramientas legales para frenar el desalojo. Que hay patotas de terratenientes que articulan con los comisarios locales. Las familias campesinas trabajan desde hace varias generaciones la tierra desde otra idiosincrasia, no con la lógica productiva de la soja. Y para nosotros no es contradictorio que crezca el desarrollo productivo y que crezca esta ruralidad: es complementario”, destacó el legislador del Movimiento Evita.

Desde Santiago, los miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero traerán el relato del infierno que perdura, un escenario delicado y urgente. En el plano judicial, temen que la justicia santiagueña libere, tras modificar el delito de acusación, al empresario santafesino Jorge Ciccioli, sospechado de haber instigado el crimen (se supone que el autor material, Javier Juárez, no tiene chances de conseguir ese beneficio). Las versiones de su liberación, por otra parte, coinciden con las amenazas y golpes recibidos en las últimas semanas por varios familiares de Ferreyra. Sergio Arnaldo Ferreyra, primo de Cristian, y querellante en la causa de su asesinato, fue perseguido y golpeado por ocho personas que le exigían que ”no se meta más”. El comisario de Monte Quemado, sin embargo, se negó a tomarle la denuncia. Otro primo, Maximiliano Gastón Ferreyra, fue encarado en la plaza de Monte Quemado por cuatro hombres encapuchados y armados, que lo amenazaron con ahorcarlo y le robaron la llave de su casa y el celular. Y Noelia Ferreyra, hermana de Cristian, también fue amenazada en la escuela por las hijas de un hermano de Javier Juárez, que le mostraron balas. En menos de un año, otros tres episodios de desalojos estuvieron cerca de terminar en asesinato. Fueron en la comunidad Villa Matoque, en el departamento Pellegrini y, el último 1 de Julio, en el paraje Choya. En todos los casos, varios campesinos resultaron con heridas de bala.

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”La policía no nos atiende, la justicia está comprada. Siguen las bandas armadas en los territorios”, le relató a este diario Cariló Ordaiz, del Mocase. «

el crimen que impulsó el debate

Cristian Ferreyra tenía 23 años cuando murió desangrado en la comunidad San Antonio luego de recibir un tiro con una escopeta. Vivía en el monte, a tres horas por camino de tierra de la ruta más cercana. Allí, vivía con su compañera Beatriz Juárez y su hijo, que por ese entonces tenía un año y ocho meses. En ese paraje también habitan otras diez familias, la mayoría del pueblo indígena Lule-Vilela. Viven de la cría de animales y del trabajo del carbón.
Cristian militaba en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero desde hacía cuatro años. Se había comprometido luego de que se agudizaran los ataques de empresarios a varias comunidades campesinas.
En la comunidad San Antonio la agresión tenía nombre y apellido. El empresario que pretendía quedarse con sus tierras era Jorge Ciccioli. Y el encargado de amenazar y hostigar a los Ferreyra era Javier Suárez, empleado del empresario. Ambos están detenidos: uno como autor material, el otro como instigador.

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Leyes
Amparo

La Ley 26.610 frena los desalojos de indígenas. Las comunidades campesinas todavía no tienen amparo legal para frenar la violencia. Ese vacío es el quiere cubrir la ley Cristian Ferreyra.

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