Por decreto del presidente Raúl Alfonsín comienza el proceso judicial por violación a los derechos humanos contra los integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1982.

Los miembros de la última junta y el último presidente militar fueron únicamente procesados por la redacción del llamado ”Documento final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo” y la sanción de una ley de autoamnistía, en razón de que con ese acto se pretendió encubrir el secuestro de niños.

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Se conoce como Juicio a las Juntas al proceso judicial realizado por la justicia civil (por oposición a la justicia militar) en la Argentina en 1985, por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) contra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) debido a las graves y masivas violaciones dederechos humanos cometidas en ese período.

El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín sancionó el decreto 158 por el cual ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.

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El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares.

El juicio tuvo una gran trascendencia internacional y sobre todo para la región, en donde en los países limítrofes como Chile, Uruguay o Brasil, que sufrieron crímenes similares, llevar a los represores ante la justicia fue imposible y nunca condenaron a sus criminales.

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El fallo fue ejemplificador: Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Los demás acusados tuvieron severas penas y todos fueron destituidos de sus cargos.

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