El gobierno de Cambiemos no pudo cambiar mucho la forma en que se financia el sistema universitario. Las casas de estudio creadas en las últimas décadas, muchas de las cuales estuvieron alineadas con el gobierno anterior, aún siguen siendo beneficiadas en el reparto de dinero.
Y algunas en forma escandalosa, si se considera la cantidad de alumnos que tienen. Según detalla el diario Clarín, la General San Martín, por ejemplo, recibió 7.510 pesos por alumnos en forma extrapresupuestaria durante el primer semestre del 2016, frente a los $397 por alumno de la UBA, los $167 de La Plata o los apenas $43 de la Universidad de Rosario.
Es el dinero que las universidades nacionales reciben por afuera del Presupuesto Nacional, mediante programas y convenios que establecen con los diversos ministerios nacionales, y con los cuales “hacen la diferencia”, según explican los especialistas.
El Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE) recopiló todas las partidas que hicieron los ministerios al sistema universitario durante el primer semestre de 2016.
Allí se puede ver que las tres universidades nacionales más beneficiadas fueron la UBA, la General San Martín y la Tecnológica, que recibieron -entre las tres- el 47,1% del total de los recursos, aunque hay que tener en cuenta que las universidades tradicionales (la UBA y la Tecnológica, en este caso) tienen muchos más alumnos y gastan más porcentaje de los recursos en sueldos de sus profesores.
A pesar de esto, universidades más nuevas como la de Avellaneda, tres de Febrero o Lanús -con bastante menos alumnos- están entre las que más recibieron en forma extrapresupuestaria.
Fuentes cercanas a la firma de estos convenios explican que la razón por la cual las ex “universidades K” podrían seguir beneficiadas es porque estos acuerdos se realizan en forma directa entre las universidades y las segundas o terceras líneas de los ministerios, en donde aún hay una gran presencia de funcionarios vinculadas al gobierno anterior.
El Gobierno ahora quiere “transparentar” estos mecanismos.Propondrán una reforma que obligue a que los nuevos convenios surjan de licitaciones o concurso de proyecto, como se hace en casi todos los países del mundo.
Ponen como ejemplo el acceso a créditos del Banco Mundial o el BID, organismos que poenen como estricto requisito la realización de licitaciones públicas.
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