Las municipalidades pampeanas de Algarrobo del Aguila, Santa Isabel y Puelches se presentarán en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del juicio iniciado en 2014 por La Pampa contra Mendoza por el corte del río Atuel.

El procurador general de Rentas de la provincia, Hernán Pérez Araujo, afirmó que “los tres intendentes de las localidades de Algarrobo, Santa Isabel y Puelches nos informaron que se van a presentar en forma autónoma ante la Corte”.

Consultado por Télam, el funcionario destacó que la importancia que tiene “su exposición es que los pobladores de esos lugares fueron los principales afectados por el corte del Atuel, sobre todo en Algarrobo del Aguila y Santa Isabel”.

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El intendente de Algarrobo del Aguila, Oscar Gatica, señaló que esas localidades “somos las más afectadas en forma directa por la falta de agua”, por lo que “seguramente vamos a participar de la audiencia citada por la Corte Suprema”, para el 14 de junio.

“En el año 1947, con el corte del agua, el oeste pasó de ser un lugar pujante en la actividad agrícola-ganadera, a un espacio desierto, con mortandad de animales y la gente que se va, generando un despojo en la zona”, explicó el jefe comunal.

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Además de los tres municipios y el gobierno pampeano, también se presentarán en la audiencia -si es que cumplen los requisitos- la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú, dos organizaciones ambientalistas de la provincia.

La audiencia de conciliación se celebrará en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Capital Federal, donde fueron convocados La Pampa, Mendoza, la Nación y los “Amigos del tribunal” que puedan a aportar una solución.

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El conflicto por las aguas del río Atuel se remonta a 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, formado en el departamento de San Rafael, en el sur de Mendoza, que modificó el curso del agua, perjudicando al oeste pampeano.

En 1987, la Corte estableció el carácter “interprovincial” del Atuel y reguló el uso compartido del agua, pero sin resultados concretos, por lo que La Pampa demandó en 2014 a Mendoza por el daño ambiental e incumplimiento de aquel fallo que ordenó celebrar convenios para el uso del río.

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