Mendoza se suma a la Nación: policías podrán tirar sin dar voz de alto

El Gobernador afirmó que para evitar casos de gatillo fácil hace falta buena formación de los uniformados, como se hace en la provincia.

Tras conocerse el detalle del nuevo reglamento general, propuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que determina en qué situaciones los agentes de fuerzas federales de seguridad pueden usar armas letales frente al delito, desde el Gobierno de Mendoza aclararon que van a adherir a esta resolución.

En este sentido, se remarcó que desde hace tiempo se viene trabajando en la profesionalización de los policías para que sean capaces de determinar un correcto uso de las armas de fuego. 

La resolución 956/2018, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad dispone que en cumplimiento de su deber utilizarán armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

Esto implica que los efectivos de las fuerzas de seguridad federales podrán disparar sin necesidad de dar primero la voz de alto identificándose, sin que haya una agresión previa y en caso de que consideren que hay un peligro inminente para su vida o la de terceros cuando un sospechoso intente fugarse.

El gobernador Alfredo Cornejo dijo que apoya la medida. “Creo que tiene que ir acompañado de una fuerte capacitación policial en los centros de formación policial todo el tiempo para no correr riesgos de que mueran personas inocentes”, señaló

Por otra parte, advirtió que en la provincia no ha habido estos problemas durante su gestión aunque aclaró que no estamos exentos de que eso pueda ocurrir. “Me parece bien que se los cubra legalmente, pero paralelamente a eso hay que hacer formación policial, lo estamos haciendo en Mendoza”, aseguró el mandatario provincial.

Celebran la medida 

En este sentido, el ministro de Seguridad Provincial Gianni Venier acompañó las palabras de Cornejo añadiendo que acompañan la medida de Bullrich. “Es un respaldo a las policías, dentro del plexo de normas que había para las cuatro fuerzas de seguridad nacionales que también operan en territorio provincial. Implica una toma de decisión en pos de las fuerzas de seguridad que celebramos”, indicó el funcionario provincial.

Por otra parte Venier cuestionó que hubo muchas críticas al Gobierno provincial y a la policía, acompañadas de una política anti institucional y anti fuerzas de seguridad.
“Esta resolución es un desgranamiento de las casuísticas del artículo 34 del Código Penal que ya veníamos trabajando y vamos a respaldar. Nosotros ya venimos trabajando con nuestras fuerzas en una altísima profesionalización. Esto implica no disparar porque sí, ni caer en casos de gatillo fácil”, explicó Venier.

Venier destacó que la sociedad en general acompaña la medida porque ya no aguanta más la delincuencia y quiere que las fuerzas de seguridad actúen. En tanto, respecto de las críticas señaló: “Se ponen términos como el peligro inminente, la racionalidad del empleado en relación con la situación ocurrida, habla del uso del arma, pero no dice que debe disparar a matar. Se ha leído licencia para matar pero no se dice nada de eso”.

Por último, aclaró que no es una norma que requiera adherencia, sino que firmarán  un instrumento que señala que están de acuerdo. “Nadie va a propender que haya casos de gatillo fácil, porque eso desmerece la política institucional”, finalizó Venier.

Funcionarios mendocinos apoyan

En diálogo con radio MitreLuis Petri, diputado nacional de Cambiemos por Mendoza, indicó que esta iniciativa era muy esperada porque uniforma los criterios bajo los cuales todas las fuerzas federales van a poder usar las armas. 

“Hasta ahora cada una de las fuerzas federales tenían distintos criterios. Al no existir criterios, estaba casi prohibido el uso de armas por parte de las fuerzas. Lo que estamos haciendo con esta disposición es establecer claros supuestos. Esto no supone avalar los casos de gatillo fácil, esto supone reglamentar que la Policía use el arma de fuego de manera eficaz en casos específicos y determinados”, destacó el legislador.

Por su parte, Enrique Thomas, secretario de Gestión de Seguridad Federal del Ministerio de Seguridad Nacional dijo que en realidad el fundamento de todo esto es que la fuerza de seguridad podrá desempeñar correctamente su tarea de defender a la sociedad.

“Han estado con una reglamentación tan difusa que prácticamente era imposible que utilizaran su arma de fuego en ninguna circunstancia y solamente podían utilizarla para repeler una agresión”, indicó el mendocino Thomas.

Organismos de derechos humanos, en contra del “protocolo Bullrich”

Lucas Lecour, presidente de la ONG de defensa de derechos humanos Xumek, indicó que están terminando de procesar este decreto del ministerio de Seguridad nacional pero se manifestó en contra de la decisión tomada. 

“Entiendo que es ilegal la resolución porque es contrario a lo que dice el Código Penal respecto de cuándo uno puede actuar en legítima defensa; eso no se ha modificado y no cambia por ser policía u otra persona. Al utilizar una terminología ambigua y dejar todo librado a la interpretación del funcionario policial lo que ocurrirá es que habrá policías imputados y condenados por el uso del arma de manera excesiva y por otro lado tendrá una resolución que los autoriza”, indicó.

Lecour aclaró que por encima de esta resolución están el Código Penal, la Constitución nacional y los tratados internacionales. “Los jueces se van a ver obligados a condenarlos y lo que termina generando es confusión de las fuerzas de seguridad respecto de cómo actuar”, explicó Lecour.

Xumek tiene larga trayectoria en Mendoza, a la que están vinculados buena parte de los abogados dedicados a esta rama del derecho.

El presidente de Xumek también indicó que es un gravísimo error del Ministerio de Seguridad porque no hay policías capacitados para entender o poder interpretar en un momento extremo si está habilitada a usar un arma de fuego. Y señaló que no hay policía capacitada, democrática y profesionalizada en la cual confiar.

“No contribuye en nada a combatir la inseguridad. Es lo mismo que cuando se aumentan las penas de los delitos, se restringen las salidas transitorias o las excarcelaciones o cualquier beneficio carcelario que es lo que se viene haciendo desde Blumberg hasta la fecha. No se mejoró en nada e incluso ha empeorado. Va a contribuir al aumento de la violencia con la policía involucrada”, opinó.

Casos emblemáticos de gatillo fácil en Mendoza

Se habla de más de 200 desde el retorno de la democracia- hechas por familiares de víctimas de violencia policial. El último caso del denominado “gatillo fácil” fue el de Lucas Carrasco, quien en marzo de 2014 había ido a un partido de Independiente Rivadavia. 

Aquel encuentro fue suspendido y se produjeron desmanes que fueron reprimidos por la policía. Fue allí cuando el joven recibió un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza y tras agonizar 48 horas falleció. Actualmente Diego Guzmán Zalazar está imputado por la muerte de Carrasco. 

También hay que recordar el caso de Sebastián Bordón, el estudiante que vino al sur mendocino en viaje de egresado, en octubre de 1997, y cuyo cuerpo fue encontrado en un barranco en la zona de El Nihuil, hecho por el cual, tres años después la Primera Cámara del Crimen, de San Rafael, condenó a cinco policías.

En el 2002, la Justicia mendocina sentenció con pena de prisión perpetua al policía Walter García, por la muerte de Franco Díaz y las lesiones que sufrió Johanna Flores. Este hecho tuvo su origen la noche del 5 de mayo de 2012.

Franco se encontraba junto a un grupo de amigos en una casa del departamento de Godoy Cruz, cuando llegaron al lugar miembros de la Policía alertados por vecinos que habían presentado quejas por la música alta que provenía de la vivienda. El final trágico fue cuando uno de los policías efectuó un disparo que le quitó la vida a Franco -la bala ingresó por el mentón y salió por la nuca- tras lo cual impactó en el maxilar de Johanna.

En 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Argentina por un caso de similares características ocurrido en Mendoza en 1989. Se trató del asesinatos del joven Roberto Castañeda y por el cual se condenó a indemnizar a la familia.

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