Mendoza presentó el reclamo a la Corte Suprema Justicia por la promoción

 

El Fiscal de Estado adjunto, Joaquín de Rosas, y el Asesor de Gobeirno, César Mosso Giannini, ambos a instancias del gobernador Celso Jaque, acudieron a primera hora a la Secretaría de Juicios Originarios del Poder Judicial de la Nación, para presentar un escrito de setenta carillas. A través del mismo se solicita en primer término una “acción declarativa de certeza”, donde plantea como cuestión de fondo la inconstitucionalidad del decreto 699. Y también se adjuntó una medida cautelar para que se frene en lo inmediato la aplicación del decreto firmado por Cristina Kirchner.

 

“Hemos realizado un planteo de inconstitucionalidad del decreto, entre otros motivos, porque no es muy clara la redacción del mismo y podría causar los mismo perjuicios que ya causó con la anterior demanda que realizó la provincia por los perjuicios de la promoción industrial. Esa demanda se solucionó a través de un arreglo extrajudicial, pero se vuelve a insistió ahora con la misma conducta”, explicó De Rosas en un contacto telefónico con Diario UNO.

 

De Rosas y Mosso Giannini salieron de los Tribunales porteños sin fecha precisa de cuándo se podría conocer la respuesta de la Corte a la medida cautelar. Y, a pesar de que desde el Gobierno se especulaba con que el fallo podría conocerse en el plazo de los diez días, De Rosas fue más cauto: “La Corte no tiene plazos para responder”, sostuvo.

 

El corazón de la argumentación judicial mendocina sigue los lineamientos del dictamen que en 2003 firmó el entonces Procurador de la Corte, el mendocino Nicolás Becerra, quien dictaminó contra la reinstauración de la promoción industrial realizada por Carlos Menem a través de tres decretos de necesidad y urgencia firmados entre 1996 y 1997.

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Hace diez días, Cristina firmó un decreto simple para prorrogar la promoción en La Rioja, San Juan, San Luis y Catamarca, amparada en las facultades delegadas que le otorga la Ley de Emergencia Económica.

 

En trazos gruesos, Becerra había opinado en aquella oportunidad que cualquier reinstauración de un régimen de exenciones impositivas como la promoción, afecta ilegítimamente el esquema de distribución de recursos entre la Nación y las provincias si se hace por decreto. Por lo tanto no puede establecerse de otra manera, según marca la Constitución Nacional reformada en 1994, que no sea a través de una ley del Congreso Nacional y con la Cámara de Senadores como origen.

 

San Juan ya anticipó que no se quedará de brazos cruzados ante esta avanzada judicial y su gobernador, José Luis Gioja, se reunió durante estos últimos días con un grupo de colaboradores y “ quedaron en buscar una vía para que el máximo tribunal escuche también la posición de San Juan, según Diario de Cuyo.

 

“Voy a hablar con quien tenga que hablar, ustedes saben que no nos vamos a quedar quietos”, fue lo que le dijo Gioja a los medios de su provincia en relación a este conflicto. Jaque estuvo ayer en un acto en Junín y evitó la polémica con sus colegas promocionados (Luis Beder Herrera, de La Rioja, también lo cuestionó) y prefirió no contestar esos ataques.

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Casi el mismo silencio embargó al gobernador el miércoles por la noche en la Cena del Bicentenario Productivo, donde habló solo dos minutos ante unos 200 empresarios mendocinos de primera línea a los que les pidió “seguir creciendo sin distorsiones en el país. Que el esfuerzo de unos pocos no se convierta en la gran desilusión”.

 

En qué consiste
Los mendocinos presentaron dos escritos. Por un lado, propusieron una medida de no innovar que impediría la aplicación efectiva de la promoción. Por el otro lado se presentó un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la medida.

 

El recurso de inconstitucionalidad se basa en que Jaque entiende que el poder Ejecutivo no puede reglar sobre cuestiones impositivas, una atribución exclusiva del Poder Legislativo. En los fundamentos los abogados plantean que un cambio en el régimen de promoción industrial disminuye el total de la recaudación impositiva a repartir entre las provincias y por ende debe ser aprobado en el Senado.

 

La polémica por la promoción industrial comenzó el 20 de mayo pasado cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 699 que prorroga el beneficio que nació como una forma de beneficiar a las provincias con desventajas competitivas.

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