En el marco del cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad que tiene lugar en Tribunales Federales continuó hoy la lectura de las declaraciones realizadas durante la etapa indagatoria.

Se leyeron las 97 causas en las que se acusa al ex magistrado Otilio Romano por la falta de investigación y negativas ante los pedidos de Habeas Corpus presentados cuando se desempañaba como fiscal.

En su declaración el acusado afirma que cada uno de estos recursos fueron rechazados, porque no se precisaban datos de acuerdo a los informes policiales o porque los detenidos se encontraban a disposición del Ejecutivo Nacional. Según Romano ”los Habeas Corpus tenían como objetivo determinar las causas legales o ilegales de detención, no la de determinar el paradero de la persona” y arguyó que rechazó esos recursos porque ”en aquella época los jueces no podían intervenir”.

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”Carecíamos de poder y potestad para hacer cualquier acto”, afirmó Romano y agregó que la policía era la que se encargaba de realizar investigaciones. El ex juez insistió en la falta de recursos humanos y materiales que en aquella época hacía imposible realizar esta tarea. ”La Justicia no contaba con elementos fácticos de investigación”, expresó en el relato leído por la Secretaria del Tribunal, Natalia Suárez.

Romano menciona además que la Policía estaba supeditada al Ejército. ”La Policía actuaba de forma negligente obedeciendo de manera dolosa a un plan sistemático”, señaló, pero al mismo tiempo insistió que él desconocía la existencia de centros clandestinos de detención y que no tenía motivos para suponer sobre un plan sistemático de exterminio.

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Con respecto a su condición de acusado, manifestó: ”Es fácil decir, 35 años después y conociendo la historia, que se podía haber hecho algo.”Estoy acusado por omisión a investigar y estas acusaciones tienen pobreza jurídica”.

A continuación agregó: ”Tienen que juzgarnos por lo que hicimos y no por lo que se nos pudo haber escapado”.

En reiteradas ocasiones, a lo largo de la declaración Romano se expresó contra el Ministerio Público, al sugerir irregularidades y alteraciones en algunos expedientes. Incurrió en la descalificación de las acusaciones por las cuales se lo procesa, al decir: ”Mi inventada participación no tiene vinculación con delitos de lesa humanidad, es de una exageración inclasificable, contrario a la doctrina de Roma”.

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El ex magistrado calificó a su imputación como un acto de persecución política, con intencionalidad no jurídica. Ante los hechos, acusó invalidez probatoria y enunció que se le juzgan anacronismos, al hacerlo bajo procedimientos jurídicos actuales, sin contemplar los de aquella época.

Después de la lectura de la declaración de Romano el Tribunal solicitó que se leyeran las actas de notificación realizadas a los diferentes acusados en el transcurso de este año, entre ellos: Fernández; Tradi (quien expresó que desea declarar); Migno; Paris; Francisca y Oyarzábal.

Se pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes 22 de abril, a las 9.30. Para entonces, se espera que Gonzales, Camargo, Lorenzo y Miret, presten declaración.

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