Mediante un decreto el Gobierno eliminó la rendición de gastos en la AFI

El gobierno de Mauricio Macri eliminó el lunes último la obligación de registrar los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el uso que se les da, mediante el decreto 656/2016. Según se consigna en dicho decreto, es con el fin de “agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”. El CELS y Memoria Activa enviaron una carta al jefe de Gabinete para reclamar explicaciones.

“Se revirtió uno de los aspectos más relevantes de la reforma”, señalaron el CELS y Memoria Activa, en torno a la reforma que se desarmó a la vieja SIDE y creó la AFI. Además, le mandaron una carta al jefe de gabinete Marcos Peña, en la que advierten al gobierno que la decisión implica incumplir el compromiso de “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados” asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA, en la que el dinero público fue usado para sobornar testigos e imputados y encubrir a los autores.

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“Por primera vez se estableció que el secreto no era la regla de la estructura administrativa y presupuestaria de la agencia de inteligencia central sino la excepción cuando determinadas cuestiones lo requirieran”, recordaron en un comunicado las dos instituciones que en 1999 denunciaron al Estado ante la CIDH por los sucesivos actos de ocultamiento de la verdad cometidos por funcionarios en el marco de la causa por el atentado, según informa Página 12.

El decreto que firmaron Macri y Peña, publicado el lunes en el boletín oficial, derogó el “Régimen de Administración de la AFI”, con lo cual “revirtió uno de los aspectos más relevantes de la reforma” al aparato de inteligencia “que, con diez años de demora, comenzaba a cumplir con las obligaciones que el Estado había asumido con las víctimas del atentado a la AMIA”, señala el comunicado.

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La nueva norma del Ejecutivo derogó además el Régimen Profesional de Personal y la estructura orgánica y funcional de la AFI, y delegó su nueva conformación en su director nacional, Gustavo Arribas. El nuevo Estatuto profesional “retoma el régimen anterior a la reforma de la ley”, afirman el CELS y Memoria Abierta. “Estas decisiones incumplen el compromiso asumido con las víctimas del atentado a la AMIA y su orientación implica que el sistema de inteligencia sostenga su capacidad de operar sin rendir cuentas”, destacan.

”Si esta reforma se sostiene, el Poder Ejecutivo estará desandando un cambio normativo que podía condicionar las históricas prácticas discrecionales e irregulares de la agencia de inteligencia y volviendo a un esquema regulatorio que consolida el funcionamiento secreto que llevó a la crisis del sistema”, concluyen.

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