Más corrupción: investigan un polémico plan de viviendas de Boudou

El hecho ocurrió en 2005 cuando era secretario de Hacienda en el partido de La Costa y fue financiado por el extinto ministerio de Planificación Federal

Mientras se retoman hoy las audiencias del juicio oral contra Amado Boudou por el delito de “falsedad ideológica” de documentos públicos, por haber “truchado” los papeles de un vehículo Honda adquirido en 1993 y que diez años después transfirió a su nombre, otra causa avanza complicando su escenario judicial.

La Justicia, por orden del juez Ariel Lijo, comenzó a peritar el plan de viviendas del partido de la Costa por el que fue denunciado el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, “se liberaron todos los pagos y las casas nunca se terminaron”, señalaron fuentes judiciales.

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Según detalla el diario Clarín, el hecho ocurrió en 2005 cuando era secretario de Hacienda del municipio y fue financiado por el extinto ministerio de Planificación Federal.

Hace doce años atrás Boudou hubiera considerado impensable su situación actual: diez causas abiertas, un juicio oral, llamados a indagatorias inminentes y otra elevación a juicio.

En 2005 cuando era Secretario de Hacienda del partido de la Costa firmó con el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, un plan para la construcción de de 484 viviendas.

La denuncia es por “maniobras fraudulentas” con fondos nacionales que debían destinar al plan de viviendas y dos escuelas, ya que la principal sospecha que se maneja en el juzgado del juez Ariel Lijo es que se cobraron la totalidad de los fondos “pero no se construyeron las casas”.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió en su momento, que se investigue también al entonces intendente del Partido de la Costa, Pablo de Jesús, señalado como partícipe de las “maniobras” investigadas, y también fueron imputados los responsables de la firma Cantera FC SA a quien le adjudicaron la construcción del plan.

La licitación para la construcción de las 484 casas y dos escuelas, se realizó en 2005 y contó con un presupuesto de 20.799.600 pesos que fue ampliado.

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El plazo de obra era de doce meses , sin embargo para 2007 se habían pagado -según consta en la causa-, el 75% del presupuesto general, las escuelas y la mitad de las viviendas no se concluyeron. Con el agravante de que la firma adjudicataria entró en convocatoria de acreedores.

La denuncia patrocinada por el abogado Ricardo Monner Sans, remarca que ninguna de las 484 viviendas se finalizaron y que la empresa constructora “firmó un convenio con el municipio para recibir los fondos pese a no haber terminado las obras”.

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