Por Eduardo blaustein para Miradas al Sur

Aun cuando más que seguramente los meses posteriores al 7/D seguirán cargados de complejidades y dilaciones para aplicar la ley de medios, la semana que pasó fue quizá la más difícil que haya atravesado el Grupo Clarín en los últimos tiempos. La causa que pretendió iniciar contra periodistas, intelectuales y políticos fue muy mal recibida incluso dentro de su propia tropa, la Sociedad Interamericana de Prensa de la que el Grupo es parte fundamental se sumó a ese clima de malestar, la Corte Suprema denegó no una sino dos veces (o en dos partes) el pedido de prolongar la medida cautelar. En medio de ese tembladeral, David Martínez, poseedor del 40 por ciento de las acciones de Cablevisión, salió a decir muy enfáticamente sobre el 7/D que ”la ley es la ley y punto” y que ”hay algunos aspectos a los que habrá que adecuarse” Un dato paralelo nada menor que debe mencionarse en relación al actual clima de opinión es que las señales de noticias de otros grupos, ya sea que estén en sintonía con el Gobierno, negociando su adecuación a la ley o que se decidieron a confrontar para disputar mercados, le pegan al Grupo casi con entusiasmo, dejándolo progresivamente aislado, al menos en el paisaje del cable y la televisión.
En la semana que transcurrió el Grupo debió salir a hacer malabares para desdecirse malamente y en incómodas cuotas respecto de los contenidos reales de la causa que había iniciado contra un grupo de periodistas por presunta incitación a la violencia. En el esfuerzo final por calmar las aguas, el Grupo apeló primero a frases incómodas del abogado Hugo Wortman Jofre, luego a comunicados institucionales y más adelante a una solicitada y a artículos firmados por algunos de sus editorialistas más destacados: Eduardo Van der Kooy y Ricardo Kirschbaum.
Dos cosas interesantes sucedieron en esos días. La primera es que los periodistas denunciados tuvieron la oportunidad de poder defenderse ya sea en espacios propios o gracias al pronto y eficaz respaldo del CELS. Lo llamativo es que los colegas tuvieron ese privilegio por ser periodistas, como si los otros implicados sí merecieran ser encausados por dar sus opiniones, ya fuera que se tratase de ensayistas (Eduardo Jozami, Edgardo Mocca) o políticos (Edgardo Depetri, Martín Sabbatella). La segunda curiosidad tiene que ver con el modo preocupado en que muchos intentaron desentrañar el mal paso dado por el Grupo: fue tan tosca la movida y la redacción misma del texto presentado ante la Justicia que pareció que lo que había detrás no era una pifia sino algún tipo de satánica sagacidad que escapaba a la comprensión humana. Finalmente, hubo algo de saludable en la reacción de periodistas que trabajan para el Grupo o no y que, aún con prudencia, no dejaron de señalar el mal paso dado por sus directivos y abogados.
¡Inadmisible! También fue curioso el modo en que la Corte Suprema falló a propósito del último recurso cautelar presentado por el Grupo. Fue en dos capítulos, como quien al final de una charla le dice a un amigo ”Ah, che, me olvidé de decirte”. En el primer fallo del martes los supremos rechazaron in limine la cautelar y apretaron las tuercas enfáticamente para que se resuelva ”de inmediato” sobre el planteo de inconstitucionalidad en la instancia que corresponde. El juez Horacio Alfonso es el que debe hacerse cargo de ese asunto de fondo y tiene que resolver entre otras cosas si el Afsca puede ser parte de la causa. Pero los supremos ”olvidaron” desarrollar en el primer párrafo de su fallo el porqué del rechazo a la extensión de la cautelar. Fue al día siguiente que añadieron a modo de posdata (en la jerga, una resolución complementaria que había sido firmada el mismo martes pasado) el contundente párrafo que dice que la petición de Clarín ”es inadmisible pues al tratarse de un planteo que, ante la resolución denegatoria dictada por el juez de primera instancia, se encuentra en trámite ante el tribunal de alzada competente con motivo de la apelación promovida por las peticionarias, su consideración no corresponde a la jurisdicción apelada ni originaria de esta Corte”.
Da toda la sensación de que el Grupo Clarín está perdiendo la batalla judicial macro. Puede interpretarse que movidas riesgosas como la causa contra los periodistas o la movilización de los trabajadores de Cablevisión a Tribunales tienen que ver con apuestas simultáneas y redobladas, y con la preocupación extrema que seguramente tienen sus más altos directivos. Como se sugirió al principio, esto no significa que ni el 7/D ni el 10/D ni el 30/D el mapa de medios vaya a cambiar. El proceso de adecuación empresaria, no sólo para el Grupo Clarín, puede demorar mucho tiempo pues tiene una enorme complejidad que va más allá de las minucias administrativas. Todos creen que el poderoso equipo de especialistas liderado por Héctor Magnetto seguirá librando una extensa guerra de guerrillas por cada paso que dé el Afsca.
Lo que sí es nuevo, nada menos que en relación con el más extenso y rentable de los negocios del Grupo, el del cable, es que David Martínez, el dueño del 40 por ciento de las acciones de Cablevisión, haya salido a decir que como sea, el holding deberá adecuarse a la ley, remarcando esta frase: ”No soy socio de Clarín sino de Cablevisión”. Martínez es titular del fondo de inversión Fintech Advisory (ver págs. 2-3) y aliado político del Gobierno en la disputa con los fondos buitre. Está enfrentado con Paul Singer justamente por ser uno de los acreedores que aceptaron el canje de la deuda promovido por el kirchnerismo. Sus declaraciones no pudieron ser inocentes: fueron publicadas en un diario del establishment, El Cronista Comercial.
Resistiré. La batalla simbólica por el significado del 7/D y los plazos de adecuación, tras el espaldarazo de la Corte, parece definitivamente perdida para el Grupo. Esto quiere decir que en esa fecha (aquella en la que según los voceros de Clarín ”no debería pasar nada”) definitivamente el Grupo y todos los demás quedan en offside de cara a la adecuación. Nadie cree que el juez Horacio Alfonso, a cargo de la causa tras tres años de dilaciones y maniobras, vaya a expedirse antes del 7/D y a partir de entonces, con los plazos vencidos, el Afsca podrá iniciar acciones de oficio.
Pero, atención, una vez más el fallo de la Corte tiene otras lecturas complementarias, lo que incluye una zona comprensiva hacia algunos de los argumentos planteados por el Grupo Clarín. El más importante de esos argumentos es el referido al riesgo de denegación de justicia, interpretado por la Corte como la necesidad de que se dice de una vez una sentencia de fondo. En ese punto, los supremos incluso se mandaron alguna pequeña sobreactuación a la hora de apurar los tiempos… y al juez, a quien recomienda no aceptar ni una chicana judicial más que permita seguir demorando el proceso.

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