En medio de la campaña del Grupo Clarín sobre una posible intervención del Estado en sus empresas, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció ayer en conferencia de prensa que firmó un decreto de necesidad y urgencia ”para la protección de la libertad de prensa y expresión” en la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó una fuerte reacción ya que fue interpretado como un gesto hacia el multimedios. La medida entrará hoy en vigencia por 30 días, a la espera de que un proyecto similar, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la Legislatura.

”En términos prácticos, el decreto afirma la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en este tema y enmarca una protección para los periodistas y medios de comunicación en nuestro territorio”, aseguró el mandatario. Y explicó que también instruyó al Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal para que dirima los conflictos sobre libertad de prensa y de expresión mientras se conforma un fuero especial en el Poder Judicial de la ciudad.

Los artículos más polémicos del decreto son el 12, 16,17 y 18, que resguardan el patrimonio de los medios de comunicación. La temática a la que este articulado se refiere casualmente favorece al Grupo Clarín –con el que el gobierno porteño tiene más de un negocio económico–: se protege a propiedades y ”licencias de comunicación audiovisual” domiciliadas en la ciudad a ”expropiaciones por motivos de interés o utilidad pública”, entre otras cuestiones. También se prohíbe ”transferir”, ”reasignar” o ”despojar” ”sin la aprobación voluntaria y expresa de sus propietarios, ningún medio de comunicación, inmueble o licencia de comunicación audiovisual (…). Y se impide expropiar, confiscar, ceder ni transferir sin la aprobación voluntaria y expresa de sus titulares” acciones de medios de comunicación. Estos puntos atentarían contra la adaptación del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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A su vez se suscribió que ”las deudas con los organismos públicos (…) sólo podrán ser ejecutadas judicialmente contra activos que no resulten (…) imprescindibles para el ejercicio de tal actividad”. El diario La Nación, por caso, tiene una deuda tributaria millonaria con el Estado nacional, y con un decreto de esta naturaleza, estaría protegido. Y se decretó que ninguna autoridad pública podrá intervenir ni nombrar veedores ”en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación (…)” de la ciudad, entre otras cuestiones.

La medida generó un fuerte rechazo de la oposición porteña. ”Un proyecto semejante sólo puede ser viable si la Ciudad se independiza de la Nación y crea un nuevo país”, dijo irónico el legislador porteño Aníbal Ibarra (Frente Progresista Popular) para explicar la inconstitucionalidad de la iniciativa. ”Desconoce competencias federales, del Congreso nacional, la organización de nuestro sistema federal. Pretende legislar por sobre las leyes nacionales y constitucionales”, afirmó.

Para el legislador del Frente para la Victoria, Francisco ”Tito” Nenna, ”Macri pretende violar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que fija las garantías del juez natural, para que el foquismo judicial de Clarín se atrinchere en magistrados designados por el PRO en la Ciudad.” ”Con este decreto, el macrismo apuesta a blindar la corporación mediática con la corporación judicial. Macri quiere poner a la Ciudad por encima de la Nación”, concluyó.

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El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, coincidió en las críticas: ”Es una grosería jurídica que no resiste el menor análisis. Macri quiere derogar la Ley de Medios, que es una ley nacional de carácter federal, con un DNU local, violando la Constitución Nacional que define en su artículo 31 la supremacía de las normas.” Sabbatella se contactó ayer con la diputada porteña Gabriela Cerruti, presidenta del bloque partidario en la Legislatura para que presente una acción de inconstitucionalidad de la norma. «

”firma lo que le dicta magnetto”

El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, sostuvo que Mauricio Macri ”escribe y firma lo que le dicta (Hector) Magnetto” y que por eso el alcalde porteño propuso ”que las leyes nacionales no sean cumplidas en la Ciudad, creándole un cerco de impunidad a esa corporación mediática”. En ese sentido, aseguró que el DNU anunciado ”no es a favor de la libertad de expresión sino a favor de Clarín”.

Para Sabbatella, si bien ”el anuncio de Macri no es serio”, sí ”resulta preocupante que alguien con semejante responsabilidad institucional no tenga idea o intente confundir sobre cuál es la estructura legal de la República”.

para el alcalde, papel prensa ”es de otra época”

Para Mauricio Macri, la investigación judicial sobre la apropiación ilegal del paquete accionario de Papel Prensa es parte del pasado. ”Es de otra época y otro momento”, fueron las palabras que empleó el jefe de gobierno porteño. Así respondió a una consulta hecha por un periodista del programa Duro de Domar, que lo consultó sobre la génesis criminal de la apropiación de la papelera por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, durante la dictadura.

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”Ya que está tan preocupado por la libertad de prensa, ¿nunca pensó en condenar al grupo Clarín y La Nación por apropiación de Papel Prensa y condenar al resto de los diarios a competir en condiciones desiguales?”, le preguntó el notero de Duro de Domar. Y Macri no dudó en responder: ”Eso no se da en el ámbito de esta discusión. Es de otra época y otro momento. Creo que los tribunales ya han discutido largamente y lo que vos decís no procede.”

Por el caso Papel Prensa –que este diario investigó en profundidad– la justicia imputo a Héctor Magnetto y a Bartolomé Mitre.

san luis, antecedente contra la ciudad

Mayo 2012. La Corte admitió su competencia en la causa A 1140 XLVI, promovida por la AFSCA, para que se declare la inconstitucionalidad de la ley local I-0735-2010, que quería arrogarse jurisdicción sobre los servicios de radiodifusión y TV abierta y cerrada prestados de sus límites. El tribunal entendió que implicaba una intromisión en una competencia de la autoridad federal, lo que constituye una violación de los artículos 16, 31, 75 (incisos 13 y 19), 126 y 128 de la Constitución Nacional; de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual; y de tratados internacionales. Así, la Corte frenó la idea de avanzar en la ”interjurisdiccionalidad” de la radiodifusión y pidió a los puntanos que se abstengan de aplicar la ley y de cualquier otro acto que no cuente con conformidad nacional.

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