La economía nacional continúa atrapada en un triángulo que la expone a una gran fragilidad y es imperioso escapar antes de que se agudice el escenario de crisis. El remedio del Fondo Monetario Internacional: más ajustes y el abandono del gradualismo. Paralelamente, la estrategia de la oposición encabezada por el kirchnerismo que no pierde pisada.
Las prioridades del ajuste por estos días, apuntan a cortar 20% el empleo público y licuar sus salarios. Tras el acuerdo con el FMI, es el recurso que el Gobierno tiene más a mano en su etapa “refundacional”, junto con menos fondos para las provincias.

Es que en el mismo momento en que Macri dio la última conferencia de prensa para argumentar y advertir los recortes “necesarios” que se vienen, terminó admitiendo la muerte de su política gradualista que tanto se encargó de sostener. Tal es así, que la consigna que comenzó a bajar por estos días a todos los ministerios y dependencias del Estado nacional apuntan a acelerar el ajuste en primera instancia, con el recorte del 20% en promedio del personal en la estructura estatal. Junto a esto, otra de las premisas del Gobierno pasó a ser la de contener el descontento social que se viene incrementando a pasos agigantados, frente a la decisión que seguirá implementando, la de pisar más aún, el salario de los trabajadores que tengan la fortuna de permanecer en sus puestos por estos días.

El mensaje frente a la crisis es que “no hay más espacio para dilaciones ni gradualismo”, por lo que deberán ejecutarse todas las desvinculaciones que sean posibles. Incluso, a pesar de que a fines de 2017, funcionarios de Gobierno habían aclarado que no iba a haber más recortes en el empleo público, una afirmación que se esfumó en pocos meses. El mismo ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había afirmado luego de las elecciones legislativas de octubre: “No va a haber recortes en el empleo público, al tiempo que advirtió en ese momento que debía encararse una tarea que vaya hacia el “alivio fiscal”.

Ahora, como parte del paquete que el FMI le indicó a Macri, el oficialismo apunta a desvincular ya sea a través de jubilaciones anticipadas, caducidad de contratos o despidos, especialmente en los casos en que diversos incumplimientos puedan considerarlos bajo causa justa. En este sentido, son unos 115 mil empleados que se encuentran “bajo análisis”. Según se prevé, el plan de ajuste con el recorte del empleo público,se va a acelerar después de las elecciones de medio término del 22 de octubre próximo.

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Todo esto, como contradicción y a pesar de que la gestión actual incorporó centenares de puestos gerenciales que se repartieron entre el oficialismo y sus aliados políticos. Un ejemplo es el del Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien está a cargo del plan de reducción de puestos de trabajo en el sector público pero no se privó de ubicar a su esposa, Carla Piccolomini, al frente de las Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina (RTA) con un sueldo estimado en más de $ 140.000.

En este sentido, durante esta gestión, el organigrama del Estado se incrementó a 22 ministerios, 87 secretarías, 207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales, 122 institutos y organismos descentralizados; un total de 1125 unidades administrativas, número muy superior al heredado.

Traer a Cristina a escena para desactivar las críticas

En el marco del intenso ajuste que se viene para lo que queda de gestión, queda claro que no hay forma de escaparle al brete de que hay que recortar. En este sentido, las provincias van a tratar de que los recortes no sean en sus territorios, pero Mauricio Macri con su discurso de los últimos días dio a entender que “todos tenemos que poner un poco”. Está muy claro que hay que ceder, pero se sabe que esto dejará importantes conflictos en puerta que amenazan con opacar del todo la imagen del mandatario hacia el 2019.

En este marco, el Gobierno necesita desactivar las críticas con estrategias oportunistas. Macri lleva las de perder y por eso recurre a Cristina Kirchner, la figura más fácil para la polémica por ser la más asociada a las políticas no viables o irresponsables.

Mientras el Gobierno asume el costo de tomar la decisión impopular de decirle a la gente que tiene que pagar más en las facturas, le dejó a la oposición el costo de estar haciendo demagogia con un proyecto tan poco fundamentado de frenar el incremento de tarifas. Allí vino en ayuda del Gobierno la reaparición de Cristina Fernández y del kirchnerismo en las calles. La marcha del 25 de Mayo le vino como anillo al dedo.

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Hasta acá, ese sector de la oposición venía cumpliendo una estrategia muy prudente, de relativo silencio en Diputados y de la misma Cristina, aunque luego del 25 de mayo con el lema “La Patria está en peligro” el kirchnerismo aprovechó para hacer leña del árbol caído. Pero en esto, también le pesa la necesidad de recoger el rédito político, es decir, esa expectativa de resaltar que ‘nosotros estamos contribuyendo a esta derrota y queremos figurar’. Cristina Kirchner se traicionó en esa jugada y Macri está tratando de aprovecharlo.

Lo cierto es que para el Gobierno va a ser muy difícil convencer a muchos sectores de que el proyecto del presupuesto del año que viene se tiene que acomodar al nuevo ajuste. Todas estas son peleas preliminares a la discusión del presupuesto que será la gran batalla con la oposición.

La ciudadanía, entre la decepción del oficialismo y la oposición oportunista

Es que Mauricio Macri transita por estos días entre la disyuntiva de llegar a los oídos de una clase media que se encuentra muy perturbada e impaciente frente a un contexto económico que profundizó los últimos ajustes y una oposición que aprovecha cada milímetro y sale a la cancha a ganar terreno anticipando la disputa electoral del 2019. La decepción por un escenario que no era el que auguraba el Gobierno a casi tres años de gestión, le hace perder la valiosa confianza que le otorgó el voto y es uno de los mayores obstáculos que deberá persuadir Macri si quiere la reelección en 2019.

Quizá uno de los errores más graves hayan sido las escasas explicaciones que dio el Gobierno sobre el escenario real del país al momento en que asumió y que ahora padece su consecuencia. Del exceso de cadenas nacionales al que venía acostumbrado el país, pasamos a una escasa y “mala comunicación” sobre la realidad. Es por eso que Macri se ve obligado a acudir ahora a todo el medio público enojado, impaciente y con cierta impotencia, para convencer que sigan “creyendo” en su modelo de gestión en medio de la crisis.

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Llegar al sillón presidencial sin detallar la gravedad del cuadro del paciente a quienes depositaron el voto de confianza, acompañando esto de promesas idílicas con globos amarillos de mejora a mediano plazo, generó un clima de expectativa irreal en los argentinos. Es por eso, que ahora, cuando los frentes del Gobierno se agudizan, las explicaciones desesperadas de los ajustes, del tarifazo y del endeudamiento no alcanzan, porque en el futuro ideal que fue fabricado por el mismo oficialismo ya desde su campaña, no existía tolerancia para un cuadro peor del que venía transitando la Argentina.

Por último, al clima de ajustes y recortes, se suma uno de los puntos más débiles de la ciudadanía: la corrupción. En las elecciones del 2015, para los electores ya no había lugar para un Gobierno con una mínima sospecha de corrupción. Una de las premisas que paradójicamente Macri se encargó de augurar pero sin embargo, quedó mal parado con el escándalo de las offshore desde el inicio y luego siguió sin poder tapar los cometidos de sus propios funcionarios.

Frente a la bandera política que levantó desde su campaña con la lucha contra la corrupción de la gestión anterior, y al firmado “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”, a Macri le pesan las más de 50 causas judiciales que involucran a diversos funcionarios del actual Gobierno. En ellas, hay cinco ministros junto a su vicepresidenta, Gabriela Michetti, y el mismo mandatario nacional que encabeza la lista con imputaciones en su contra. Entre las causas, trascienden lavado de activos en los Panamá Papers, ampliación del blanqueo de capitales a familiares, el memorándum con Qatar, los casos Avian y Fly Bondi, el tarifazo energético y el intento de licuación de la deuda de Correo Argentino SA, además de las por ahora desestimadas causas “dólar a futuro” y “deuda externa”.

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