Por: Milton Merlo para ambito.com

Los ministros de la Corte Suprema llegaron al último acuerdo del año con la certeza de que el «per saltum» del Gobierno sería rechazado. Tal como había adelantado este diario, los secretarios letrados ya el pasado viernes señalaban errores tácticos en la presentación del oficialismo. Mayor intercambio ofreció, a pesar de ser el tema secundario, el recurso interpuesto contra la medida cautelar que la Sala I de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial extendió en favor del monopolio.

Entre ironías y comentarios jurídicos los ministros acordaron desestimar tratar el «per saltum». «Algunos de estos abogados parece que nunca hubieran pisado una facultad de Derecho», comentó, entre divertido y asombrado, uno de los justice mientras recordaba que, por ley, no se puede recurrir al máximo tribunal con una sentencia favorable de primera instancia.

Tampoco dejaron de observar que si hubieran aceptado el pedido del Gobierno la causa habría vuelto a foja cero ya que Clarín quedaba desestimado como actor. Las demoras habrían sido mayores, justamente el escenario que el oficialismo no desea.

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Hay otra realidad más propia del ámbito tribunalicio: de haber aceptado darle tratamiento, el precedente hubiera implicado una secesión interminable de estos recursos realizados a partir cautelares y no de sentencias de fondo.

Jurisprudencia

Los ministros repasaron un compendio de fallos en los cuales la Corte ha intervenido y que tenían por protagonistas a grandes empresas. Recordaron especialmente el caso de la Ley de Glaciares, donde emitieron fallos adversos a las empresas mineras. No dejaron de mencionar que si bien Clarín es una corporación importante a nivel nacional, esas firmas lo son más y a nivel global.

Al momento de debatir el recurso que el oficialismo presentó en la Cámara uno de los jueces planteó el primero de los múltiples interrogantes que asoman en tan compleja trama judicial y política: ¿Por qué el Gobierno no apeló los plazos de desinversión estipulados por la Cámara? La dupla De las Carreras-Najurieta había entendido que el año para desprenderse de activos recién correrá cuando caiga la medida cautelar. Esto no fue incluido en el recurso extraordinario con lo cual hubiera quedado firme. Finalmente la Corte decidió darle prioridad a su postura y afirmar que los tiempos cautelares ya están vencidos. Sólo Carmen Argibay desistió de acompañar este voto.

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En el cuarto piso de la calle Talcahuano hay otras dudas, especialmente con las resoluciones del juez de primera instancia Horacio Alfonso. Los ministros no entienden por qué el subrogante unificó en un mismo fallo la desestimación a los argumentos de Clarín y el rechazo a la medida cautelar para luego responder a la apelación de la empresa con carácter devolutivo lo cual reinstaló la medida dispuesta por la Cámara. «En menos de tres días rechazó la cautelar para luego volver a habilitarla», comentaron con intriga. Nadie esbozó una respuesta en voz alta aunque cobró fuerza una teoría silenciosa: ese fallo de primera instancia no tiene los lineamientos propios de alguien acostumbrado a dictar sentencias. No sólo es una cuestión de fundamentos sino también de escritura.

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En cambio los ministros se mostraron satisfechos al momento de la rúbrica: el «per saltum» rechazado por unanimidad y el segundo fallo con solo dos disidencias (Eugenio Zaffaroni y Argibay). En la Corte creen que esto ayuda a eludir pronósticos de corte político que encuadran a los ministros en favor de la empresa o en favor del Gobierno.

Sin embargo el acuerdo dejó señales: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Zaffaroni son quienes más se inclinan por una implementación rápida de la ley de medios.

Ahora la Corte vuelve a mirar hacia la planta baja del Palacio de Tribunales, donde están los despachos de la Cámara. Esperan una sentencia sin grandes demoras. Si las hubieran podrían analizar imponer un plazo, aunque la idea no les parece atractiva.

 

 

 

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