En una editorial publicada hoy por el diario La Nación, el matutino intenta de manera manifiesta ejercer presión sobre un juez federal para que haga público un expediente que se tramita en su juzgado. Nos es la primera vez que el medio busca influir en el poder judicial.

La causa tiene como implicado a José Francisco López, secretario de Obras Públicas en el Ministerio de Planificación Federal, y, según denuncia La Nación, es porque el funcionario habría ejercido ”presiones” en el marco la licitación de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. Sin embargo, el matutino utiliza ”publicaciones periodísticas” como única fuente de la denuncia e incluso advierte: ”Este apriete explicaría que no hubiera presentaciones ante la Justicia por parte de los otros oferentes”.

El eje de la publicación hace hincapié en que los legisladores Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido no han podido acceder al expediente de la causa. Por esta razón, a través de sus páginas, La Nación intenta intervenir en el poder judicial presionando para que el magistrado a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, permita a los legisladores acceder a ese material, que el magistrado no consideró conveniente hacer público.

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La Nación intenta intervenir en el poder judicial presionando

”A pesar de la grave denuncia que pesa sobre ellos -basada en publicaciones periodísticas-, el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, donde ha quedado radicada la causa, se ha negado a darles acceso al expediente de la licitación a los diputados denunciantes, entre los que se encuentran Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido, quienes tuvieron que iniciar un amparo para poder tener acceso a actuaciones que, por su naturaleza, debieran ser públicas. Ciertamente, siempre que se compartan los principios republicanos, que funcionarios como (el ministro de Planificación Federal, Julio) De Vido y López evidentemente desprecian”, sostiene la editorial de La Nación.

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En el pasado, La Nación ya había intentado torcer el rumbo judicial a través de otras publicaciones. Por ejemplo, en noviembre de 2010, tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el matutino envió un mensaje preciso: ”En la Justicia, no caben los duelos”, mientras denunciaba que había jueces que habían demorado causas de corrupción.

”La repentina muerte de Néstor Kirchner abrirá un compás de espera en el trámite y en las decisiones de las numerosas investigaciones judiciales sobre casos de presunta corrupción”, decía el diario, a la vez que nombraba a María Servini de Cubría, Norberto Oyarbide y Ariel Lijo.

En tanto, el mes pasado, el matutino fue también denunciado por diversas organizaciones de Derechos Humanos por presionar a los jueces de la Cámara Federal de Salta en favor del presidente de la empresa Ledesma SAAI, Carlos Blaquier, procesado por delitos de lesa humanidad.

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A su vez, en julio de este año La Nación intentó descalificar al magistrado Carlos Rozanski, integrante del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, diciendo que su actuación ”en algunas causas por delitos de lesa humanidad” era lo que lo mantenía en su cargo.

Lo más curioso es que el diario denuncia al Gobierno por ”ejercer presión” sobre el sistema judicial cuando es desde sus páginas que se intenta moldear la voluntad de los magistrados. En noviembre de 2012, La Nación publicó la editorial: ”La consigna: atemorizar y avasallar al Poder Judicial”, en la que asegura que el Estado intenta dirigir a los jueces, una práctica propia del diario.

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