La causa contra hernán Lombardi se encuentra abierta desde comienzos
en el año 2000 cuando cumplía funciones como interventor de la
Administración Nacional de Parques Nacionales del gobierno de Fernando
de La Rúa.

Lombardi y Marcelo López Alfonsín,  en ese entonces presidente del
Directorio de Parques Nacionales, autorizaron la entrega de fondos por
más de 1.500.000 dólares a los propietarios de un campo en la provincia
de San Luis, donde se había proyectado un Parque Nacional.

Parte del dinero lo habrían recibido los supuestos propietarios del
terreno de aproximadamente 10.624 hectáreas, ubicado en el sur de a
provincia, los hermanos Francisco César y María Irene Millan por
un monto de la compra de 2.618.000 dólares.

Según la documentacion de transacción firmados por Lombardi, Alfonsín
y los Millán el gobierno desembolsó, primero, 825.000 dólares; luego,
debido a una prórroga en los plazos de escrituración, entregó otros
270.000 dólares, más un anticipo de 355.000 billetes de la misma moneda.

Pero, pese al “anticipo” que representó más de la mitad del monto
total de la compra, la operatoria nunca se completó “por cuestiones
presupuestarias”, según la excusa oficial. Y supuestamente los
vendedores se quedaron con el adelanto y, consecuentemente, el parque
nacional jamás se puso en marcha.


La causa judicial

La causa judicial por el delito de “fraude en perjuicio de la
administración pública” la comenzó a investigar la jueza María Sebrini
de Cubría, y la retomó en el año 2005 el fiscal Federico Delgado, quien
en su dictamen denunció, entre otras irregularidades:

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– Lombardi y Alfonsín comprometieron al Estado Nacional a comprar el
campo de 10.624 hectáreas en el departamento Pedernera de San Luis sin
haber “constatado quiénes eran los reales dueños del lugar”.

– En la misma operatoria, el Estado se comprometió a conceder a los
hermanos Millán el derecho de ejercer en el predio explotación
agropecuaria por medio de un comodato gratuito por el lapso de 10 años.

– Los hermanos Millán desistieron de la operación, pero se quedaron
con el dinero cobrado como anticipo, provocando un claro perjuicio en la
administración pública.

Pese a las duras acusaciones del fiscal, la causa no se movió,
pasaron los años y en septiembre de 2011 la jueza la declaró extinguida
por prescripción de la acción penal. Sin embargo, el 6 de mayo de 2013,
la Cámara Penal Federal de Casación Penal, en coincidencia con un fallo
de la Sala IV del Tribunal, ordenó que se prosiga la investigación
contra Lombardi y Alfonsín.

Los fallos a favor de la no prescripción tienen como fundamento la
condición de funcionarios públicos de los imputados. En el caso de
Lombardi, formó parte del gobierno de la Alianza hasta fines de
diciembre de 2001. Se “recicló” en el año 2007 como ministro de Cultura
de la Ciudad por el PRO de Mauricio Macri, quien ahora lo designó como
responsable del Sistema Nacional de Medios Públicos.

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El parque que no fue

El lugar donde históricamente se crió el Venado de las Pampas es una
amplia llanura ubicada en el extremo este de lo que se conoce como
región pampeana, al sur de San Luis. Comprendía unas 150.000 hectáreas,
cuya importancia y singularidad estaban dadas porque se trataba de un
ecosistema que se había conservado en un estado natural desde hace miles
de años.

El pastizal natural de la llanura pampeana es tan emblemático de la
Argentina como el venado de las Pampas lo es para San Luis; la presencia
de esta especie de ciervo en el escudo provincial es una clara muestra
de ello.

Por eso, en el año 1987 se sancionó la Ley N° 4777 que no solamente
prohibía en toda la provincia de San Luis la caza del venado sino que
también castigaba a quienes modifiquen su hábitat, que es el ambiente
donde una especie vive, en este caso, el pastizal pampeano.

A mediados de los ’90 profesionales del INTA y miembros de la
Fundación Vida Silvestre pusieron sus ojos en esta región del sur de San
Luis. Y por eso, el 15 de mayo de 1997 el Gobierno Nacional y
Provincial firmaron un convenio para la creación de un Parque Nacional.

La Provincia se comprometió a preservar el área núcleo y, en común
acuerdo con los propietarios, iba a crear un espacio de producción
controlada, que rodearía la zona afectada al Parque.

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Pero, los pasos siguientes a la firma del acuerdo no fueron los
adecuados. Además de la operatoria bajo sospecha y las denuncias contra
Lombardi, el gobierno de San Luis no hizo mucho para defender el parque y
dejó que los propietarios de los campos arrasaran con la flora
autóctona y, además, construyó caminos y autopistas justamente en el
área donde se había proyectado la reserva natural.

Por entonces, uno de los propietarios de la mayor parte de esos
campos decidió arar, de un solo plumazo, 30 mil hectáreas de pastizal
pampeano.

Decisiones similares tomaron otros dueños de esas tierras, a tal
punto que de las 150 mil hectáreas que se querían proteger para la
conservación de las especies, sólo quedaron 60 mil, aún sobrevivientes
de esa depredación; y de los más de 1.500 venados que se contaron años
atrás, habría ahora menos de 700.

En el medio de la compleja situación que deja al Venado de las Pampas
al borde de la extinción, sigue retumbando la irregularidad detectada
por el fiscal Federico Delgado al denunciar que Lombardi y Alfonsín
comprometieron al Estado Nacional a comprar el campo de 10.624 hectáreas
en el departamento Pedernera de San Luis sin haber “constatado quiénes
eran los reales dueños del lugar”.

La pregunta es ¿quiénes son los reales dueños del campo donde se proyectó el parque?.

Fuente: San Luis Noticia

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