Con la salida de la polémica funcionaria que fue propuesta por Cristina Kirchner en 2012, se abrió un período de debate en el Gobierno por el nombramiento de su sucesor.

Acorralada por un escándalo de corrupción y en medio de las investigaciones que tienen en jaque a los funcionarios del kirchnerismo, la procuradora Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia con efectos a partir del 31 de diciembre de 2017.

En la línea de partida aparecen nombres prestigiosos que hoy ocupan cargos en diversos estamentos del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial.

Ricardo Sáenz

Desde 1993 se desempeña como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Desde ese lugar le tocó intervenir en varias causas sensibles. Por ejemplo, fue el primer funcionario judicial en calificar la muerte violenta de Alberto Nisman como un homicidio y de solicitar su pase al fuero federal, como finalmente sucedió. Sus sospechas fueron ratificadas recientemente por un informe interdisciplinario encabezado por Gendarmería.

Se desempeña además como vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, organismo que lo tuvo como máxima autoridad entre 2005 y 2010. En ese rol asumió una velada defensa de las instituciones y cuestionó las irregularidades en la gestión de Gils Carbó.

Guillermo Marijuan

Ingresó al Poder Judicial hace tres décadas, como meritorio en el Juzgado Federal N°4, a cargo de Amelia Berraz de Vidal. Desde allí forjó una carrera envidiable en la que trabajó con varios camaristas de renombre.

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En 1993 fue nombrado fiscal federal, cargo que ocupa actualmente. Allí se colgó varias medallas en expedientes contra funcionarios acusados de delitos de corrupción. Por ejemplo, impulsó la investigación contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli, quien finalmente fue condenada en juicio oral y público por la bolsa con dinero que le encontraron en el baño de su despacho.

No tuvo reparos en enfrentarse con sus jefes. En 2013 pidió la indagatoria de Gils Carbó por la designación irregular de Carlos Gonella al frente de la Procelac. Y en 2001 impulsó la investigación por las jubilaciones truchas en La Rioja, que involucró a al ex procurador Ángel Agüero Iturbe.

Raul Pleé

Hace 25 años que es fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. Antes de llegar a ese cargo, ocupó otros puestos relevantes en el Poder Judicial: fue secretario de un juzgado de instrucción criminal de Capital Federal, juez penal Económico, y fiscal ante la Cámara Federal de San Martín.

Durante diez años ocupó la Unidad Fiscal contra lavado de dinero. Fue desplazado en 2012 por Gils Carbó por un integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, Carlos Gonella.

Intervino en varias causas emblemáticas como la del soldado Omar Carrasco -asesinado en 1994 mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en Zapala-, en el juicio contra Jorge “Tigre” Acosta y otros represores por los hechos sucedidos en la ESMA, en el caso Cromañón y en la tragedia de Once.

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Gustavo Hornos

Es presidente de la sala IV de la Cámara de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país antes de la Corte Suprema. Ingresó a la Justicia hace 40 años. En Comodoro Py es destacado por su perfil independiente -nunca se alineó políticamente con ningún partido- y por su vasta trayectoria.

Bajo su órbita pasaron causas complejas contra el narcotráfico internacional. De hecho, como fiscal fue uno de los primeros funcionarios judiciales en trabajar con organismos extranjeros como la DEA norteamericana.

Impulsó juicios políticos a magistrados civiles que estafaron al Estado, entre ellos el magistrado Alberto Nicosia. Y en 1992 denunció al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, condenado en 2009 a cinco años de prisión.

José María Campagnoli

Se desempeña como fiscal desde 1993. En 2013, fue víctima de una persecución de su jefa, Gils Carbó, por una investigación que abrió contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Durante ese proceso, fue suspendido y enjuiciado por un jury. Finalmente, tras una fuerte reacción popular, fue repuesto en su cargo.

La diputada nacional Elisa Carrió propuso públicamente su nombre como futuro procurador general de la Nación. Además, hay una solicitud de firmas abierta en el sitio Change.org.

Tuvo a su cargo varias investigaciones sobre trata y prostitución de menores, que terminaron con la detención de Gabriel Conde, dueño de Shampoo antes de que se fugara a México. Además formó parte de un grupo de fiscales denominados “Los Centauros”.

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Alberto García Lema

Alberto García Lema es un histórico abogado vinculado al PJ y uno de los artífices de la reforma constitucional de 1994. Lema se desempeñó además entre 1974 y 1976 como secretario letrado de la Procuración General de la Nación, fue procurador del Tesoro de la Nación durante la primera presidencia de Carlos Menem y conjuez de la Corte Suprema de Justicia.

Además se desempeñó como Asesor de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (1984/87); Subsecretario de Asuntos Legislativos de la Provincia de Buenos Aires (1987/89); Asesor de Gabinete del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (1989/91).

Julio Conte Grand

Es el actual procurador general de la Suprema Corte de la Provincia. Reemplazó a María del Carmen Falbo tras su renuncia. Su nombre es impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal, quien lo considera uno de sus principales aliados en la lucha contra las mafias que estaban enquistadas en la Policía Bonaerense.

Antes de asumir en ese cargo, ocupó la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación y fue procurador porteño durante la gestión de Mauricio Macri en la Capital Federal.

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