Además, destacó que demostraron ”la lógica de la voracidad del mercado contra la idea del Estado como regulador para garantizar derechos”.

”Las audiencias dejaron en claro que los argumentos de la constitucionalidad son rigurosos y fuertes, mientras que el Grupo Clarín tuvo como único argumento la defensa del interés de la empresa o su rentabilidad”, evaluó Sabbatella sobre las audiencias en una entrevista que publica hoy Tiempo Argentino.

El titular de la AFSCA también destacó en el reportaje que los argumentos de constitucionalidad ”se basan en tener la absoluta convicción de que el Estado tiene la facultad de regular el mercado de la comunicación audiovisual” y que ”regular el mercado garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información y comunicación del conjunto de la sociedad”.

En tanto, dijo que ”la lógica del pensamiento del Grupo Clarín, que defiende la inconstitucionalidad de la ley, gira alrededor de su escala y modelo económico”, pero señaló que el interés de la empresa ”no puede estar por encima de los derechos que tiene el interés público”.

Además aseguró que ”demostramos que es absolutamente falso que la aplicación de la ley puede fundir” a Clarín.

En ese marco destacó que el hecho de que ”todas las empresas de la Argentina presentaron su plan de adecuación, menos el Grupo Clarín” significa que ”entienden que deben adecuarse a la ley y si tienen que vender, transferir o achicarse, lo hacen porque toda ley antimonopólica propone eso”.

”Una cosa es que la ley te limite la rentabilidad o el crecimiento y otra cosa que te haga inviable”, señaló.

Asimismo, dijo que ”Clarín intentará hacer todo lo que pueda” contra la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y reiteró que el grupo ”no está en la búsqueda de una empresa audiovisual exitosa” sino en ”condicionar la democracia” a través del poder económico.

Por último, ante la consulta de qué pasa si la Corte se expresa en contra del Estado, respondió que ”continuará la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión y continúa existiendo el mandato de la Constitución para que el Estado lo resuelva”.

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