El viernes pasado el fiscal federal Juan Pedro Zoni, que investigaba una causa por un supuesto beneficio millonario del Gobierno de Mauricio Macri al Correo Argentino, fue desplazado de su cargo por decisión de Jorge Casal, a cargo temporariamente del Ministerio Público Fiscal. Pero antes de dar un paso al costado, presentó nuevas pruebas que complicarían al jefe de Estado.
Zoni presentó un informe realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encargada de analizar diez reuniones entre distintos funcionarios públicos con representantes del Correo, según publicó el diario La Nación.

Se llevaron a cabo seis encuentros en la Casa Rosada y la residencia de Olivos en la que Macri recibió a funcionarios del entonces Ministerio de Comunicaciones, que llevaba adelante las negociaciones en el concurso del Correo, la empresa de su padre. Ahora, la Justicia investiga si a través de esas reuniones, el mandatario podría haber influido a la hora de tomar la decisión para sellar un acuerdo con la compañía por su deuda con el Estado.

El 11 de marzo de 2016, el secretario de Tecnología de las Comunicaciones, Héctor Huici, recibió en el ministerio a Jaime Cibils Robirosa, apoderado del Correo. El Registro de Audiencias Públicas indicó que el tema que se debatió fue “Juicios de Correo Argentino con el Estado”. Un mes después, se repitió el encuentro aunque en esa ocasión se sumó Juan Mocoroa, entonces director de Asuntos Jurídicos del ministerio, quien después negociaría en el concurso judicial con la empresa de los Macri en favor del Estado.

Una vez iniciada la negociación en el concurso comercial, Macri recibió en la Casa Rosada a funcionarios del Ministerio de Comunicaciones el 18 de agosto y el 22 de diciembre, como parte de las reuniones de seguimiento de gestión, según la descripción anotada en el Registro de Audiencias.

En febrero de 2017, estalló el escándalo por la deuda millonaria del Correo Argentino y a través de una conferencia de prensa el Presidente pidió volver a “fojas cero” en las negociaciones. En ese momento, Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y Mocoroa fueron imputados por el fiscal Zoni por negociaciones incompatibles con la función pública.

Un mes después de que arrancara la polémica, Macri volvió a recibir a Aguad, Mocoroa, Irigoin y Huici para tratar temas de “seguimiento de gestión”. Cinco días después se publicaron en el Boletín Oficial los decretos que intentaban reglamentar conflictos de intereses a través de la Oficina Anticorrupción.

El informe que presentó Zoni está en las manos del juez federal Ariel Lijo desde mediados de marzo. Por el momento, el magistrado no tomó ninguna de las medidas de prueba solicitadas por el fiscal.

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