En los 12 años de kirchnerismo que culminan con la jura del nuevo presidente, los gobiernos de Néstor Kichner primero y de Cristina de Kirchner luego, marcaron una profusa agenda parlamentaria en la que impulsaron la sanción de leyes sustanciales, abriendo el
camino de la profundización de derechos sociales y civiles, además de
sentar las bases de funcionamiento de sectores claves como la educación,
la salud, la industria y la ciencia. 

Un racconto
cronológico permite seguir la línea conductora de la gestión
kirchnerista. Como marca indeleble de la década K, quizás uno de los
puntos más salientes fue la reivindicación de los derechos humanos.
Senda que comenzó en 2003, cuando por impulso del Ejecutivo, se declararon la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Así, fue el Congreso, a través de una sesión histórica, quien declaró nulas las denominadas ”leyes del perdón”. 

Ya en 2004, el año comenzó con la derogación de la ley de flexibilización laboral, conocida como ley Banelco, símbolo de la hecatombe a la que sumió al país el gobierno aliancista de Fernando de la Rúa. 

En el 2005, el Congreso aprobó la unificación de las elecciones legislativas,
en lo que fue una reforma electoral para ponerle fin a la
discrecionalidad de los gobernadores en el armado de las listas de
candidatos. 

Además, a 11 años de su creación en la Constitución del ’94, se avanzó en la reforma al Consejo de la Magistratura. La reforma fue impulsada por la entonces senadora Cristina de Kirchner que
redujo de veinte a trece el número de consejeros y otorgó mayoría de
siete miembros a los representantes políticos, con seis legisladores y
un representante del Poder Ejecutivo. 

También, se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, promovida por el entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, para garantizar
un aumento progresivo de la inversión total en educación, ciencia y
tecnología hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno en el año
2010. Además,
Además, apuntó a recuperar la escuela técnica y prorrogó hasta 2009 el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). 

Un año más tarde, en el 2006, luego de 12 años de incumplimiento del mandato de la Constitución de 1994, el Congreso sancionó la ley para reglamentar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Tras un arduo debate, la mayoría oficialista resolvió que los decretos
deben ser aceptados o rechazados por mayoría absoluta de los presentes
de ambas cámaras, pero continuarán vigentes mientras no reciban
tratamiento parlamentario. 

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Aquel año en materia educativa, se aprobaron la Ley de Educación Sexual,
que establece que todos los estudiantes tienen derechos a recibir
educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos y
privados de todo el país, y la Ley de Educación Nacional, que
reemplazó la Ley Federal de Educación del menemismo y entre otras cosas,
fijó la obligatoriedad de la sala de cinco años, subió las exigencias
para la carrera docente, estableció una escuela primaria de jornada
completa, un segundo idioma obligatorio, el acceso a la informática y
nuevos contenidos, como la educación sexual. 

También, tras una ardua polémica que incluyó a los gobernadores de las provincias del norte argentino, se sancionó la Ley de Bosques
que estableció que las provincias debían completar el ordenamiento de
sus bosques nativos, fijó mecanismos de consulta y participación para
autorizar desmontes y declaró la emergencia forestal en todo el país. 

En el 2008, se produce otros de los hitos que marcaron la era kirchnerista. Por impulso del Ejecutivo, el Congreso sanciona la estatización de las AFJP,
administradoras de jubilaciones privadas que quedaban como resabio de
las políticas neoliberales aplicadas por el menemismo. A partir se
fortaleció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para estimular el
desarrollo sustentable de la economía nacional. 

Otro sello que
quedaba de la década del ’90 eran las empresas que habían sido
privatizadas para financiar la convertibilidad. Así, en 2008, 18 años
después de su privatización, el Congreso ratificó el acuerdo firmado
entre el Gobierno nacional y los accionistas del grupo Marsans para el traspaso de Aerolíneas Argentinas otra vez a la esfera estatal.

También se sancionó la Ley de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas,
que tipifica a la trata de personas como delito federal. Los delitos
considerados en la reciente normativa no sólo contemplan la explotación
sexual; también están aludidas las prácticas esclavistas, como los
trabajos forzados y la reducción a la servidumbre; las privaciones de la
libertad y la extracción ilegal de órganos. 

Además, siguiendo con el fortalecimiento de la política de DDHH, se sancionó la Ley de Banco de datos genéticos,
impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo que garantizó la obtención,
almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria
como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya
ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10
de diciembre de 1983. 

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Otra de las leyes más valoradas, por las que el Gobierno K insistió varias veces hasta su sanción en 2009, fue la Ley de movilidad jubilatoria, que asegura la actualización dos veces al año de los haberes jubilatorios. 

También en 2009, poniendo fin a la norma que provenía de la Dictadura, se sancionó la nueva Ley de Medios.
La nueva ley para los medios audiovisuales fue impulsada por CFK
mediante un proyecto que se presentó en marzo de 2009, se debatió en 24
foros por todo el país, en audiencias públicas en el Congreso y logró
sumar amplio respaldo popular. En septiembre el kirchnerismo presentó
más de 200 modificaciones a la versión original, algunas para
garantizarse el apoyo de la centroizquierda en Diputados y finalmente
fue aprobada. 

En cuanto a la reforma política, ese mismo año, el
Frente para la Victoria avanzó en la aprobación de una ley destinada a
reducir la fragmentación del sistema partidario -elevando los umbrales
para constituir partidos-, lograr una mayor apertura de los partidos en
la selección de candidatos mediante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO),
y una mayor transparencia y equidad en las campañas electorales
-garantizando a todos los partidos espacios de publicidad en los medios y
prohibiendo el financiamiento de empresas. 

Ya en el 2010, en
otra muestra de vanguardismo en cuanto a los derechos civiles para las
mayorías y las minorías, el Gobierno impulsó la sanción de Ley Matrimonio Igualitario, habilitando así el matrimonio entre personas del mismo sexo, viejo reclamo de numerosas agrupaciones sociales. Aquella, fue la única ley que votó Néstor Kirchner como diputado, el mismo año de su posterior fallecimiento.

En 2011, las normas más relevantes fueron la Ley Antitabaco y el Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga,
considerada una de las iniciativas más sobresalientes de un año con
pocas sesiones. La ley obliga a las empresas a cubrir las prácticas
médicas obligatorias, fijadas en el PMO, así como otras complementarias,
que requieran tratamientos específicos. 

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El 2012, llegó con una de las leyes que más marcaron al kirchnerismo: la expropiación de YPF.
La ley impulsada por el Poder Ejecutivo dispuso la reestatización del
51% de las acciones de Repsol y fue sancionada con amplio apoyo de la
oposición (a excepción del machismo) en el marco de una jornada
histórica que tuvo lugar entre el 2 y 3 de mayo en el recinto de la
Cámara de Diputados.

Aquel año además, se sancionó la norma de identidad de género,
que supuso otro de los logros en materia de la ampliación de derechos y
la igualdad social. El Congreso convirtió en ley el proyecto que
garantiza la adecuación del DNI a la identidad de género autopercibida,
entre otras cuestiones. 

En 2012, también se aprobó el texto que estableció
el femicidio como figura legal y agravó las penas por homicidios
cometidos por ”odio de género o a la orientación sexual”.
Este fue uno de los grandes pasos que dio el Congreso en materia de lucha contra la violencia de género. 

En 2013, se creó el Régimen de empleadas domésticas, que
reconoce a las empleadas domésticas derechos y beneficios amparados por
la Ley de Contrato de Trabajo en relación a las jornadas,
indemnizaciones, licencias y protección del trabajo de menores. 

En 2014, tras más de tres años de trabajo, se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, que reemplazó al texto de Dalmacio Vélez Sarsfield.. 

Y este año, el
15 de julio se estableció por ley que la Asignación Universal por Hijo
(AUH) se actualizará de manera automática cada seis meses.
Hay que
recordar que la AUH, es un seguro social de Argentina que otorga a
personas desocupadas, que trabajan empleados en negro o que ganan menos
del salario mínimo, vital y móvil un beneficio por cada hijo menor de 18
años o hijo discapacitado. Entró en vigor el 29 de octubre de 2009 por
el decreto 1602/09 del Poder Ejecutivo de la Nación. A partir de mayo de
2011, las prestaciones se complementaron con en lanzamiento de la
asignación universal por embarazo (AUE), que se otorga a las futuras
madres que se encuentren en las doce o más semanas de gestación.

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