Cinco veces ganador de concursos para fiscal general, Carlos Gonella, de 37 años, es el titular de la nueva Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac). El organismo que quedó en el ojo de la tormenta luego de haber intervenido en el caso que involucra al empresario santacruceño Lázaro Báez. Cuestionado por sus pares como reflejo de una interna dentro del propio Ministerio Público, Gonella defiende su actuación en los inicios de la causa y traza similitudes con la denuncia nunca investigada de Hernán Arbizu, el ex ejecutivo de la banca JP Morgan que apunta a maniobras de poderosas corporaciones. En diálogo con Tiempo Argentino,  el titular de la nueva Procuraduría detalla los primeros pasos de la investigación en torno a empresas offshore no declaradas en Panamá por la cúpula del Grupo Clarín y advierte sobre el doble estándar de la justicia para investigar la fuga de capitales. Además, opina sobre el proyecto del gobierno para blanqueo de divisas, el rol de la UIF y las escasas condenas por lavado. ”La corrupción existe en el ámbito público porque existe en el privado. Se retroalimentan”, sostiene.  

–La Procelac quedó inmersa en cuestionamientos por su accionar en la causa que investiga al empresario Lázaro Báez… 
–Evidentemente, existe un mar de fondo que excede los cuestionamientos hacia la Procelac. El fondo de la cuestión es el debate público sobre las reformas a la justicia. Hay sectores que quedan en evidencia acerca de los modos, de las viejas costumbres y prácticas. Además, agreguemos el condimento político de los hechos que se ventilaron en el programa de un periodista y la utilización de algunos sectores políticos y de la prensa que se combinaron con los judiciales.
–¿Dentro del Ministerio Público existen sectores que responden a esa lógica?
–Por supuesto. En el sistema de administración de justicia, por su propia historia y sus condicionamientos, hay diferentes sectores. Y me parece saludable que estas tensiones y contradicciones que quedaron encorsetadas por mucho tiempo se empiecen a hacer públicas. Permite establecer la visión que tiene un sector atado a prácticas conservadoras, reaccionarias, que jugaron siempre para determinados intereses; y otro sector que concibe la justicia como un servicio público para la resolución de conflictos.  
–Pero ese debate entre fiscales también se judicializó…
–No se trata de una discusión jurídica. Se lo trata de enmascarar con críticas a la actuación de la Procuraduría, pero en realidad, claramente, el objetivo es otro. No hay otra explicación por la virulencia que tuvo en esto un sector de los medios de comunicación.  
–¿Concuerda con el impulso que fiscales le dieron a la denuncia contra la procuradora (Alejandra Gils Carbó) por la creación de las procuradurías especializadas?
–No me parece mal que un fiscal, cuando recibe una denuncia que genera sospecha sobre actuación de un magistrado o el perfil de un ciudadano, pida medidas de prueba. Los jueces ponen límites a esos pedidos, pero los fiscales ejercen el rol que la Constitución les delega. Un magistrado ha visto esos límites cuando advirtió que no había elementos para avanzar contra la procuradora, porque el nombramiento de los fiscales ad hoc o subrogantes obedece no sólo a principios constitucionales, sino a la ley orgánica del Ministerio Público. 
–¿Cree que la denuncia que se presentó en su contra por incumplimiento de los deberes de funcionario correrá el mismo destino? 
–Yo pienso que sí. Esa causa se ha activado y el fiscal Federico Delgado ha solicitado medidas de prueba para valorar la actuación de la Procelac, y eso está documentado en el expediente que presentamos y que dio origen a la investigación. Incluso, es lo que le permitió avanzar al fiscal Guillermo Marijuan, a partir de que se obtuvieran elementos presuntos que le han permitido a él fundar una ampliación de la imputación en contra de Báez, con fecha posterior a los elementos que nosotros teníamos. Esperemos que el propio sistema se encargue de esclarecerlo de una vez por todas, y nos dediquemos a investigar el caso judicial que es lo que interesa.
–¿Por qué cree que esta investigación en particular disparó los cuestionamientos contra la Unidad?
–Excede la cuestión técnica jurídica. Es un caso polémico que ha causado la atención de los medios y de sectores con intereses políticos particulares, surgido a partir de la denuncia del programa de Jorge Lanata. Eso motivó seis denuncias con el mismo objeto por parte de seis personas distintas. Ingresaron todas por diferentes vías, una de ellas generada por la propia Procelac, y generó que se complejizara de entrada el abordaje porque hubo que esperar que recayeran en un juez. Sin dudas, esta superposición va en detrimento de una estrategia para investigar cualquier caso. 
–Se habló de una dilación en su actuación…
–Insume tiempo esperar que se determine el magistrado que va a intervenir. Cualquier fiscal con mínima experiencia no va a pedir medidas que pueden ser públicas y la va a dejar dando vueltas en el sistema hasta que se adjudique, porque si no va a develar sus pasos y se va a frustrar cualquier medida. Eso es lo que nosotros hicimos, presentarnos apenas nos enteramos que el juez era (Sebastián) Casanello. 
–¿Con qué elementos contaban en un principio? 
–Iniciamos una investigación de oficio luego del programa. Como (el financista Federico) Elaskar y Leonardo Fariña se desdijeron, eso le quitó calidad a una información periodística para cursar una imputación. Sí le da entidad para iniciar una investigación. Recabamos elementos en nuestra base de datos y el día 16 recibimos reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Información Financiera que vinculaban a Elaskar con varios reportes de distintas entidades bancarias por sumas superiores a los 20 millones de pesos. Y dos reportes provenientes de la AFIP en contra de Fariña por dos autos de alta gama sin ingresos con que los justifiquen. Eso ya le dio entidad objetiva a la imputación. Mientras tanto se dirimía qué juez iba a quedar con la causa. El 17, recibimos la notificación formal de Casanello que se quedó con la investigación y el 18, a primera hora, judicializamos el caso. El juez corrió vista a la Fiscalía de turno, que es la de Marijuan pero intervenía por subrogancia Ramiro González. Trabajamos en conjunto para promover acción penal. Describimos el universo de hechos sobre la base de información recopilada, los programas periodísticos y los expedientes que remitió la UIF y cursamos la imputación concreta para Elaskar y Fariña porque eran las personas contra las que había elementos de prueba, dejando expresamente previsto que sin perjuicio de ulteriores responsabilidades que pudieran surgir con el desarrollo de la investigación y de las medidas de prueba que nosotros le solicitamos al juez, que eran los allanamientos. 
–¿Sostiene que entonces no hubo presiones sobre cómo debía ser encarada la investigación?
–Eso está documentado en un oficio que el fiscal González envió a la procuradora ante esas versiones falsas. 
–¿La investigación de Procelac arrojó resultados?
–Evidentemente sí porque la ampliación de la imputación que hace Marijuan se basa en elementos que se incorporaron con posterioridad a que nosotros lo solicitáramos y como consecuencia de las medidas de prueba pedidas por nosotros. 
–También se cuestionó el rol de la UIF sobre el momento en el que aportó los reportes de operaciones sospechosas. ¿Debió haberlo hecho antes?
–Tiene que ver con la dinámica de trabajo de la UIF. No veo mal que tenga que actuar amparada por el secreto por los estándares de la GAFI. Si apenas recibe un reporte lo judicializa, esa información pierde la posibilidad de ser enriquecida con su base de datos y análisis. En otras partes del mundo se trabaja de la misma manera.
–¿Cuál es el balance de los procesos abiertos por lavado y fuga de capitales?
–En materia de éxito en el resultado, tenemos pocas condenas. Hace muy poco que se reformó la legislación para endurecerla. Efectivas no son más de cinco. Hay alrededor de 35 procesamientos y una probation. Nos interesan las más importantes a nosotros, los que implican delitos contra el orden económico y financiero. Por ejemplo, la denuncia del ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu sobre 469 cuentas que fugaron capitales. Los resultados no son buenos, pero esto tiene que ver con las deficiencias del sistema para judicializar y  promover juzgamientos de delitos económicos. Las condenas están por debajo del 10%, por eso la decisión de Gils Carbó es dar un paso adelante para revertir esos bajos porcentajes. 
–¿La Unidad puede intervenir en las dos causas más resonantes en materia de posible lavado como la de Báez o la denuncia de las 469 personas físicas y jurídicas que fugaron capitales a través de la banca JP Morgan?
–Si bien forman parte de delitos que tienen que ver con nuestras tareas, la misión de la Procelac no es intervenir sino apoyar a los fiscales y prestar nuestra capacidad técnica si ellos lo solicitan. Si los fiscales nos solicitan, nosotros vamos a intervenir. Pero hasta ahora no lo hicieron.
–¿Por qué algunas causas resonantes avanzan a buen ritmo y otras quedan sin impulso?  
–El mar del fondo, la discusión sobre la reforma de la justicia hace que se pongan en evidencia que ciertos sectores operan con estos dobles estándares para con las corporaciones. Ya se están haciendo públicas esas contradicciones sobre sectores que contribuían a mantener el statu quo en defensa de ciertos intereses económicos. Esto genera la resistencia de la corporación judicial y el acompañamiento de un sector de la prensa. Estamos en un año electoral también y es utilizado políticamente por esos sectores. Esperemos que fructifique el debate y haya resultados concretos para que la justicia mida con la misma vara y caiga con dureza a las personas que generan más daño social que son los grandes evasores, los lavadores de dinero, los narcotraficantes. Hoy no hay muchas condenas contra corporaciones económicas, ni tampoco procesos avanzados. 
–¿Siguen vigentes las posibilidades de operar a través de empresas fantasma a partir de operaciones hechas por la banca multinacional?
–Hasta tanto en los círculos internacionales y regulatorios no se adopte una política de transparencia y se flexibilicen las normas de secreto fiscal van a seguir proliferando las maniobras que forman parte de una decisión política financiera internacional de los bloques hegemónicos, esto va seguir funcionando, lamentablemente. 
–¿Cómo se explica la postura de los Estados Unidos de no brindar información al juez Sergio Torres sobre la causa Arbizu? 
–Sólo dentro de esta lógica es entendible. No dan información sobre qué hacen sus bancos en el exterior y sí dicen qué hacen sus bancos al interior. 
–¿Qué relación hay entre fuga de capitales y lavado?
–Es difuso. La fuga implica que la moneda sea nacional o divisa egrese defraudando la declaración fiscal. Cuando reingresa al país bajo una forma contractual ficticia, ahí se produce una operación de lavado. Se ingresa ese flujo de dinero que ingreso en infracción a las leyes fiscales al sistema financiero bajo una apariencia legal. La fuga de capitales implica necesariamente el fraude fiscal. Cuando se introduce al mercado financiero internacional o al mercado local se produce lavado. 
–¿La justicia investiga estas maniobras?
–Las grandes maniobras de macro criminalidad ocupan porcentajes bajos en el sistema. Quienes ocupan los porcentajes más altos son los vulnerables, los excluidos. Hay una distribución desigual del reparto de la violencia estatal. No va as a ver en a cárcel, ni en el sistema judicial a los poderosos, con dinero, con asesoramiento de abogados, con poder de corrupción. 
–¿La corrupción en el ámbito público es distinta a la que pueda existir en el privado?
–La corrupción existe en el ámbito público porque existe en el privado. Las corporaciones tienen poder para corromper. Se retroalimenta. No existe uno sin el otro. El estándar para medir esa corrupción debe ser el mismo. Un empresario que no tiene escrúpulos y echa mano de medidas para enriquecerse comete fraude fiscal, lavado de dinero, es corrupción. En el ámbito público quien tiene posibilidad de intervenir en un proceso licitatorio y a cambio de flexibilizar o favorecer a determinado jugador importante comete algún tipo de delito funcional para enriquecerse está en el mismo nivel de corrupción.  «

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El grupo clarín y las empresas de panamá

 

–Recientemente, la PROCELAC recibió la denuncia por presunto lavado de activos a través empresas constituidas en Panamá que no fueron declaradas por los directivos del Grupo Clarín. ¿Cuál es el grado de avance de esa investigación?
–Lo único que puedo decir es que hemos recibido a la diputada Juliana Di Tullio con la presencia de su abogado, Eduardo Barcesat, el miércoles.  Nos han presentado una denuncia, con documentación y nosotros dimos inicio a una investigación y estamos evaluando las primeras medidas en el marco de esa pesquisa. Esta etapa es preliminar por lo que no podemos develar los siguientes pasos de investigación para no poner en riesgo nuestra estrategia.
–¿Con qué herramientas cuenta la PROCELAC para investigar ese tipo de casos?
–Tiene distintas maneras de iniciar una investigación. Somos destinatarios de las denuncias por lavado que provienen de la UIF. Otra forma es a través de una denuncia como, en este caso, por mesa de entradas. Y en tercera instancia, nosotros estamos en el proceso de generar proactivamente para no esperar que llegue una denuncia. Esto consiste en analizar fenómenos criminales que tienen que ver con esta problemática. Hoy tenemos en curso de los tres tipos. 
–¿Es posible que se puedan aglutinar las causas que investiguen modalidades similares de fuga de capitales y posible lavado en una sola megacausa?
–Teniendo en cuenta que existen causas que ya se están sustanciando –incluso algunas desde hace varios años– nosotros tenemos que analizar bien ese panorama, solicitar información a los fines de poder delimitar el objeto de nuestra investigación y tratar de evitar la superposición de investigaciones porque eso no contribuye a un resultado eficaz. Es un postulado básico en esta y en cualquier investigación. 
–¿Cree que es posible avanzar sobre grandes grupos económicos?
–Tenemos  la decisión política de hacernos cargo del rol que nos otorga la Constitución. La procuradora ha dado una señal muy clara, y quizá por eso también la resistencia que estamos teniendo para avanzar en este sentido. No se veía avance antes. Tenemos causas, estamos trabajando y prontamente habrá  novedades que vamos a presentar en la justicia. 
 

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Lavado y polémica

 

–¿El proyecto de blanqueo de capitales que presentó el gobierno la semana pasada puede abrir una alerta en materia de lavado?
–El tema del blanqueo de capitales es polémico.
Este tipo de instrumentos tiene más de tres décadas y obedece a objetivos de política económica legítimos. Lo que se busca es inyectar un gran flujo de dinero a través de actividades lícitas. Claramente, se ha ponderado un objetivo de política económica y se ha resignado la persecución penal porque el objetivo qe se busca es dinamizar el sistem

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