El juez federal Julián Ercolini ordenó allanar cuatro dependencias de la Procuración General de la Nación para obtener registros de la compra de un edificio realizada en 2013

Se complica la situación de una aliada del kirchnerismo. La Justicia golpeó a las puertas de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Según detalla el diario La Nación, el juez federal Julián Ercolini ordenó allanar cuatro dependencias de la Procuración General de la Nación para obtener registros de la compra de un edificio realizada en 2013 por 43,8 millones de pesos, unos 8 millones de dólares de la época.

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Los procedimientos se extendieron a la inmobiliaria que intervino en la operación, Jaureguiberry y Asociados, y a la casa de un intermediario, que cobró una jugosa comisión de casi 3 millones de pesos y que es medio hermano de un funcionario de la Procuración General de la Nación que estaba en el área de contrataciones.

La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.

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Gils Garbó aparece al final de la operación y en la Procuración sostienen que fue víctima de un empleado infiel. No obstante, en tribunales y en el Congreso señalan que políticamente es responsable de la compra porque aparece firmando la operación y que éste es el camino más directo al juicio político que impulsa el Gobierno, y que espera su tratamiento en el Congreso.

Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada esta investigación, allanó el edificio de la Procuración de Perón 667 (el mismo cuya compra se investiga) para buscar en las oficinas de la Procelac -que es la procuraduría a cargo de los delitos económicos-, los registros informáticos que hubiera realizado Guillermo Bellingi, el número dos del área de contrataciones, el sospechoso ligado a la operación inmobiliaria.

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También fueron allanados la casa del medio hermano de Bellingi, Juan Carlos Thill, en Los Hornos (La Plata), y la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. Entre ambos se repartieron los 7,7 millones de pesos de comisiones por la operación.

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