El organismo internacional expresó su “preocupación” y alertó sobre “presiones” e “influencias” por parte de la Procuración; también cuestionó al Consejo de la Magistratura

La ofensiva del Gobierno para remover a Alejandra Gils Carbó de la Procuraduría General de la Nación tuvo un espaldarazo internacional.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió ayer un informe de su Grupo de Trabajo Antisoborno, en el que cuestiona en duros términos el trabajo de la jefa de los fiscales. “Politización”, “influencia” y “presión” son algunos de los términos que utilizó el organismo para transmitir su “seria preocupación” por el accionar del Ministerio Público Fiscal.

El informe de la OCDE, que tiene 79 páginas, aborda una amplia cantidad de temas, que van desde la política anti corrupción de la gestión de Mauricio Macri hasta el rol de la Justicia. Pero tiene un apartado dedicado exclusivamente a la procuradora, a quien se la vincula con el kirchnerismo.

El texto difundido ayer en todo el mundo fue el resultado de la última cumbre de ese grupo de trabajo que tuvo lugar en París hace 10 días y que fue aprobado por los 40 países que adhieren a la convención cohecho, entre los que están los Estados Unidos, Brasil, Chile, Rusia y Sudáfrica, entre otros.

Los informes de la OCDE, uno de los promotores más importantes del libre comercio, son leídos con particular interés por el gobierno de Mauricio Macri, que el año pasado presentó una solicitud formal para convertirse en miembro pleno y que, desde entonces, impulsa ajustes legislativos para cumplir con los requisitos que impone el organismo.

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“Hay una seria preocupación por los signos de politización de la Procuradora general. El marco legal actual no asegura que el cargo esté protegido de la influencia política. Lo que es más, la Procuraduría tiene poderes jerárquicos sustanciales sobre los fiscales, incluyendo la iniciación de procedimientos disciplinarios”, reza el escrito del organismo, que alerta por el “riesgo” de que “investigaciones sensibles” queden “expuestas a la interferencia política”.

En el apartado de cuatro páginas, la OCDE enumera una a una las situaciones en las que la neutralidad de Gils Carbó pudo haber quedado comprometida.

Basándose en visitas de oficiales del organismo al país y de denuncias de ONGs, entre otras voces, el informe hace referencia a la presunta afinidad entre la funcionaria y la ex presidenta Cristina Kirchner -que la designó en su puesto en 2012- y su cercanía al Frente para la Victoria (FPV).

Además, alerta por su vinculación con la agrupación afín al kirchnerismo Justicia Legítima, que “no compartió numerosas políticas del Gobierno” y cuya “principal vocera” es Gils Carbó.

“Incluso hubo amplias críticas a la procuradora por usar sus poderes para influenciar los resultados de casos específicos a favor del [Poder] Ejecutivo”, agrega el texto del organismo.

Entre esos casos, calificados como “sensibles”, figuran la suspensión del fiscal José María Campagnoli, en 2013, mientras investigaba al empresario santacruceño Lázaro Báez; el desplazamiento del fiscal federal de Río Negro Alejandro Molde, que en 2015 impulsó una investigación contra el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli, por narcotráfico, y la sospecha de que Gils Carbó filtró expedientes sobre el fiscal Campagnoli a los servicios de inteligencia.

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La OCDE hasta hace referencia a la presunta designación “irregular” de personal en la procuraduría general, “incluyendo fiscales subrogantes”.

Gils Carbó, que anteayer fue imputada por presuntas irregularidades en una operación inmobiliaria para favorecer a su ex esposo, tiene varios pedidos de juicio político en el Congreso. Aunque aún es pronto para determinar si la funcionaria será desplazada, un funcionario admitió que un cuestionamiento proveniente de un organismo internacional como la OCDE agrega peso a los argumentos en su contra y suma presión.

En tanto, así como la vinculación de la procuradora con el kirchnerismo fue centro de las críticas, el actual Gobierno también recibió advertencias: remover a Gils Carbó no alcanza.

“El Gobierno tiene que hacerse cargo no sólo de la actual procuradora, a la que se considera parcial, sino también a un sistema que aparentemente permite que se designe a un procurador políticamente parcial”, dice la OCDE de manera contundente.

El Consejo de la Magistratura

La influencia del poder político sobre la Justicia no se limitó sólo al Ministerio Público y a Gils Carbó. El rol del Consejo de la Magistratura en la designación y remoción de jueces y la composición partidaria del órgano también recibió fuertes críticas.

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“La habilidad del Poder Ejecutivo para presionar a la Justicia a través de procedimientos disciplinarios deriva en parte de su influencia en el Consejo de la Magistratura [que] no estuvo operando correctamente por su politización”, señala el escrito del organismo en una crítica a la reforma del Consejo de 2006, cuando se le dio siete lugares -de los 13- a representantes de la política.

Esa reforma había sido impulsada por la entonces senadora nacional y primera dama Cristina Kirchner.

Según la OCDE, el Gobierno de Mauricio Macri contestó a esas preocupaciones alegando que desde la llegada al poder de la coalición Cambiemos, el Consejo de la Magistratura”cambió”. La respuesta oficial agregó que “no hay evidencia documental o testimonial que pruebe que se tomaron medidas para presionar”.

Alejandra Gils Carbó (Procuradora General)

El Gobierno la quiere desplazar por su alineamiento con el kirchnerismo e impulsa su salida a través del Congreso. En reserva, el presidente Mauricio Macri la responsabiliza de las numerosas imputaciones por supuestos casos de corrupción que involucran a funcionarios de su gestión

Gils Carbó fue designada en 2012 por Cristina Kirchner e integra la agrupación Justicia Legítima, que expresó que “no compartió numerosas políticas del Gobierno”

A través de un informe, la OCDE, un organismo internacional de jerarquía en occidente, alertó sobre la “politización” de la Procuración y dio detalles sobre el accionar de Gils Carbó. El organismo hasta precisó sobre “la irregular” designación de fiscales subrogantes

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