La Cámara de Diputados, con los votos de Cambia Mendoza y el bloque del PJ, dio sanción final al nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que tiene como objetivos dar agilidad y celeridad a los procesos para acercar la justicia al ciudadano. Mientras que el FIT votó en contra por considerar que se prioriza la celeridad a la Justicia.

Los aspectos que tiene en cuenta este nuevo Código se adaptan a los nuevos soportes tecnológicos con el fin de lograr el expediente electrónico, simplificar los procesos ordinarios sumario y ejecutivo para otorgarles mayor celeridad y eficiencia e incluir el principio de oralidad que deriva de los Tratados Internacionales.

En este sentido, esta nueva Ley se rige, entre otras, por algunas reglas generales, como el acceso a la justicia y el derecho al proceso, la oralidad, la celeridad y concentración, y la publicidad.

Aspectos generales:

– Tiempos: “toda persona tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones en forma definitiva”.

– Conflictos: “conciliación, la transacción, la mediación, el arbitraje y otros métodos de solución de conflictos”.

– Agilidad: “iniciado un proceso, tanto las partes como el Tribunal podrán impulsarlo evitando su paralización, con el objeto de adelantar el trámite con la mayor celeridad y eficacia posible”.

– Deber de los jueces: “deber de los jueces de encontrarse presentes” e indica que “tanto las audiencias como las diligencias de prueba en las que así se indique, se realizarán ante Juez o Tribunal, no pudiendo ser delegadas en otros funcionarios, bajo pena de nulidad, salvo cuando este Código excepcionalmente lo permita. En caso de ausencia justificada, podrán ser subrogados por otro Juez conforme la ley especial o según lo establezca por acordadas la Suprema Corte, salvo que circunstancias excepcionales autoricen a suspender la audiencia”.

– Celeridad: “los actos procesales deberán realizarse sin demora, tratando de abreviar los plazos, cuando a ello se faculte por ley o por acuerdo de partes, y de concentrar en un mismo acto la mayor cantidad de diligencias posibles, así como la colocación de todas las órdenes anticipatorias en resoluciones que el Juez entienda puedan emitirse para una más ordenada y rápida resolución de la causa”.

– Cooperación: “el Tribunal debe velar por la igualdad de los litigantes y por preservar las garantías del debido proceso. Todos los sujetos del proceso deben cooperar entre sí para que se obtenga, en tiempo razonable, la decisión de mérito efectiva”; que “todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el Tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o de protección de la personalidad de alguna de las partes”, y que “el Juez o Tribunal debe carecer de todo interés en la resolución del litigio”.

– Abogados especializados: “niños, niñas y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez suficiente y las personas con capacidad restringida pueden solicitar al Juez, o al asesor de personas menores de edad, incapaces y capacidad restringida, información sobre los posibles abogados especializados, inscriptos en el registro local, a los fines de poder elegir uno que lo asista en juicio”.

– Nuevas tecnologías: “se presentan como herramientas que permiten una mejor gestión de la justicia mendocina. Aportando eficiencia, celeridad y seguridad favoreciendo la labor de los operadores jurídicos”. Destaca que “no podemos estar ajenos que el avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como de las ciencias de la administración y gestión, reclaman un trabajo interdisciplinario que influye en la forma de realización de los actos procesales, permitiendo una celeridad y el registro en soportes diferentes al papel. Sin embargo su gestión se modifica, por lo que implica otra necesidad de incorporación a la normativa”.

– Texto de fundamentación: “Mendoza, conforme las estadísticas, es la provincia con mayor litigación del país y una de las mayores del mundo si tenemos en cuenta su población”, a lo que hay que agregar que “también se advierten deficiencias en la duración promedio de los procesos civiles (aproximadamente 5 años), con un alto costo por expediente y un consenso social que reclama una justicia más ágil al momento de resolver los conflictos que son llevados a su conocimiento”.

Y agrega que hoy, “el proceso civil se caracteriza por la falta de inmediación, delegación de funciones, ausencia de concentración, escasa publicidad con dominio de la escritura en soporte papel”, que contribuye a un nivel “de eficiencia bajo, con resoluciones más o menos alejadas de los hechos, dentro de un sistema que favorece y alimenta artimañas procesales de las partes y la mala fe en los procesos, por ende la progresiva e inexorable extensión de los plazos”.

Así, se establecen las bases para el cambio de un proceso Monocrático a un Proceso por Audiencias, bajo los principios de colaboración, celeridad y sobre todo el de oralidad.

– Actualización del Ministerio Público: entre los nuevos auxiliares incorporados se destaca la regulación de los amigos del tribunal.

– Regulaciones: de institutos, según el Código Civil y Comercial de la Nación, como la acción preventiva y la acción directa. Se actualizan los institutos y procedimientos adaptándolos al nuevo Código Civil sobre derechos reales, sucesiones y derecho procesal internacional.

– Creación de una Unidad de medida: el JUS, “para dar estabilidad y fácil cómputo de montos en todos los casos en que resulta necesarios, tales como: como multas, honorarios de peritos, sanciones, competencia por valor, entre otros”.

– Recursos: se acortan los plazos, se unifican los recursos extraordinarios y se establece la Acción Autónoma de Revisión de la cosa juzgada como procedimiento propio ante la Suprema Corte de Justicia.

– Incentivos: serán mayores para los abogados que logren la conciliación en la audiencia preliminar, pudiendo percibir los mismos como juicio completo, y se da relevante importancia a la instrucción realizada por los asesores letrados, quienes se convierten en los primeros investigadores y productores de prueba. Por eso, se otorga mayor plazo a la contestación, pero se impone adjuntar con ella y con la demanda la mayor cantidad posible de prueba producida y que simplifique la tramitación del expediente judicial.

– Ejecuciones: se adopta el proceso monitorio, se acelera el apremio, el desalojo y otros procesos especiales; también se regulan los procesos de Consumo, derivados de la ley 24.240, por monto, y se crea el procedimiento de Pequeñas Causas.

– Creación de una Comisión de Seguimiento del Funcionamiento del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario: integrada por un miembro designado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, o el que en el futuro lo reemplace, un miembro por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Presidente de la Federación de Colegios de Abogados y el Presidente de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza, o sus reemplazantes.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here