La Justicia intervino la petrolera de Cristóbal López

Ante lo que definió como “una situación de crisis extrema”, la Justicia tomó ayer el control de la petrolera Oil Combustibles, la nave insignia del Grupo Indalo, el cuestionado holding que Cristóbal López construyó con impuestos nacionales por más de $8000 millones que durante años no le pagó al Estado. La decisión se da cuatro días después de la liberación del empresario.

El juez en lo Comercial a cargo del concurso de la petrolera, Javier Cosentino, desplazó así del mando a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre y dispuso que tomen la conducción los hasta ayer veedores e informantes judiciales Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi.

Los ahora administradores “plenos” asumirán las riendas de Oil Combustibles hasta, por lo menos, fines de agosto próximo, cuando concluirá el llamado “período de exclusividad” dispuesto por el juez, aunque dicho plazo podría acortarse o prorrogarse según cómo evolucionen los números de la petrolera.

En la práctica, la decisión del juez Cosentino implicó además un freno a cualquier intento de López y de su socio, Fabián de Sousa, por recuperar el control de Oil Combustibles o del resto del Grupo Indalo. Y llegó en un momento decisivo: el viernes, tras ser excarcelado, López había reafirmado que Oil -y el holding- todavía le pertenece.

Los tres administradores judiciales intentarán ahora evitar la quiebra de Oil Combustibles, que se encuentra en cesación de pagos, paralizada y en virtual implosión, con el riesgo de arrastrar al colapso al resto del grupo, que Rosner rebautizó en noviembre como Grupo Ceibo.

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“La gravedad de los hechos y las circunstancias del caso llevan al Tribunal a adoptar la extrema medida de separación de la administración prevista en la ley de concursos, con la finalidad de preservar a la empresa concursada”, argumentó Cosentino, en la resolución de 11 páginas que firmó y notificó ayer a todos los involucrados.

Cosentino aclaró, sin embargo, que tanto Rosner como Dellatorre ya no tendrán el timón de la petrolera en sus manos, pero continuarán como directores de Oil y a cargo “en exclusiva” de ciertas funciones. Entre ellas, según sus abogados, negociar con acreedores y presentar en el concurso propuestas de solución.

“Ciertamente, no se desconoce el esfuerzo realizado por los señores Rosner y Dellatorre con la finalidad de allegar distintas propuestas para enmendar la crítica coyuntura -destacó el magistrado-, pero ninguna en concreto se ha efectivizado y la situación de caos generalizado se ha tornado evidente”.

Ese “caos”, que en otro pasaje de su resolución también calificó como “una situación de crisis extrema”, se combinó según el magistrado con múltiples “irregularidades de tal entidad que convencen acerca de la necesidad de desplazar totalmente al órgano de administración natural de la sociedad”.

¿Qué “irregularidades”? Entre otras, las que consignaron los hasta ayer veedores o “coadministradores” Carrega, Lencova y Bianchi, como también la sindicatura y los integrantes del comité de fiscalización, quienes terminaron por renunciar a sus cargos ante la reticencia del grupo a entregarles la información requerida en múltiples ocasiones.

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Los hasta ayer veedores alertaron al juez que no solo habían detectado gastos llamativos o “injustificados” por decenas de millones de pesos, sino que el panorama de la petrolera empeoraba cada día. Así, por ejemplo, le informaron que el rojo de Oil desde que se presentó en concurso de acreedores había llegado a los $ 1800 millones, por lo que la pregunta de fondo era “entender si actualmente la empresa es viable o no, y si existen una propuesta y un plan que eventualmente la hagan viable”. Pero, según aclararon de inmediato Carrega, Lencova y Bianchi, la respuesta corta a esas dudas era preocupante. “El directorio [es decir, Rosner y Dellatorre] no ha explicado ni presentado hasta hoy propuestas de esa naturaleza”.

También alertaron que la petrolera comenzaba a afrontar intimaciones de las estaciones de servicio que operan con la bandera de Oil para cumplir con la provisión de combustibles bajo la amenaza de dar por terminada la relación y comenzar a operar con otras petroleras.

A ese desabastecimiento de las estaciones de servicio, según detallaron los coadministradores, se sumó la paralización de la actividad en la refinería y la terminal de Oil, lo que en la práctica provocó la pérdida de ingresos “prácticamente total” y la imposibilidad de afrontar vencimientos fiscales y contractuales.

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