”La participación de la Iglesia fue clara y pública. Actuamos con honestidad y responsabilidad, al plantear públicamente nuestro parecer como un servicio a una obra que nos compromete a todos”, dijo al diario La Nación el arzobispo de Santa Fe y presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, y agregó: ”No hubo nada que no se conociera.”

Arancedo aclaró que la Conferencia Episcopal enumeró una serie propuestas en un documento que fue público, al igual que lo hicieron otras instituciones, y agregño que, de hecho, muchos aspectos del dictamen que aprobó la Comisión Bicameral no coinciden con la posición eclesiástica.

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Por su parte, el obispo de Chascomús, monseñor Carlos H. Malfa, fue más directo: ”La Iglesia no negocia ni muchos menos presiona, sino que ejerce con libertad su irrenunciable servicio a toda la sociedad en la fidelidad a Dios y a la dignidad humana”.

Malfa y Arancedo son, junto al arzobispo Agustín Radrizzani, las principales voces de la Iglesia en relación con la reforma del Código Civil, ya que los tres integran el Equipo Episcopal para la Vida, que analiza las implicancias de los proyectos legislativos en temas vinculados a la vida y la familia, dos temas de extremo interés para la institución.

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”La Iglesia no negocia ni muchos menos presiona”, dijo monseñor Carlos Malfa.
Por ejemplo, Arancedo consideró fundamental la definición legal del comienzo de la existencia de la persona en el nuevo Código, que al igual que el anterior indica que comienza desde la concepción, sea dentro o fuera del seno materno. ”Desde ese momento hay vida humana y debe ser protegida sin importar las circunstancias”, sostuvo, en referencia a la polémica que se generó en torno a los embriones congelados y la modificación de último momento que el oficialismo, por iniciativa de Julián Domínguez, hizo al artículo 19. ”Los embriones no son cosas”, dijo el titular del Episcopado, que además desestimó la figura de la maternidad subrogada (alquiler de vientres), también excluída del dictamen.

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”Valoramos que se haya excluido la legalización de la maternidad subrogada y reforzado la prohibición de la manipulación genética. Pero se propone una regulación incompleta de las técnicas de procreación artificial, que podría incluir, la fecundación post mortem, aunque se la haya suprimido”, señaló.

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