Nota de Revista Veintitrés

La sociedad argentina fue modificándose lenta y profundamente en los últimos 140 años. Lo que no cambió en dos siglos fue el poder de influencia de la Iglesia Católica argentina. Es que en los albores del siglo XXI, cuando el dogma católico estaba en decadencia en Sudamérica, un golpe celestial con epicentro en el Vaticano modificó el tablero religioso de la región: en marzo de este año, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fue electo Santo Padre. Sería ingenuo pensar que su mano no se hizo sentir el 20 de noviembre pasado durante la discusión legislativa en torno al nuevo Código Civil, que busca reemplazar al que se aprobó en 1869 y sigue vigente. Ocurre que a último momento el oficialismo dio marcha atrás en la ampliación de ciertos derechos que se habían destacado en el texto original, en sintonía con las demandas de la cúpula episcopal. Si bien el kirchnerismo avanzó en otros aspectos, se dejó sentada una posición conservadora que podría obstruir el debate del futuro: la despenalización del aborto.

El miércoles pasado, la comisión bicameral creada para analizar la reforma, actualización y unificación de los códigos Civil y Comercial dio dictamen al proyecto redactado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, su colega Elena Highton de Nolasco y la ex jueza mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. Pero en su primer tratamiento parlamentario la iniciativa sufrió alrededor de 180 cambios. Los más destacados en lo referente a la ampliación de derechos fueron impulsados por la Iglesia.

El debate, incluso hacia el interior del kirchnerismo, se generó cuando se modificó el artículo 19, que legisla el momento en que “nace la vida”: según el texto final que se tratará el próximo jueves en el Senado de la Nación, la persona humana es tal a partir de la concepción. Tal como solicitaba la Iglesia, se eliminó la posibilidad de que esta “creación” suceda en el seno materno. El mismo destino tuvieron la legislación sobre el alquiler de vientres y la fecundación post mortem. La protección del embrión no implantado será motivo de una ley especial.

La postura de la Iglesia quedó plasmada el 23 de agosto del año pasado cuando el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, se presentó ante la bicameral. “Es necesaria en el Código una formulación de ciertos principios, más respetuosa de la dignidad propia de toda vida humana desde su comienzo en el momento de la concepción y hasta su fin natural, de los derechos de la familia fundada en el matrimonio, y de los derechos de los más débiles, en particular los niños ya nacidos, y todavía por nacer”, subrayó el arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz. Un año después, buena parte de las objeciones planteadas por Arancedo fueron atendidas.

“Puede haber puntos en los que no estemos todos de acuerdo, pero en su tendencia general considero que el Código Civil (que se está debatiendo) es profundamente innovador”, aseguró Carlos Raimundi, abogado y diputado por Nuevo Encuentro. Raimundi destacó los avances en materia de divorcio, régimen de adopción, soberanía jurisdiccional e incluso en lo concerniente a la fertilización asistida.

“La ley de fertilización asistida no pierde vigencia porque queda abierta a una futura legislación especial. El código no cierra sino que deja abierto el debate sobre el tema”, indicó Raimundi.

En diálogo con Veintitrés, el diputado sostuvo que “seguramente la discusión política y social del aborto se va a superponer con el artículo del código que defiende la vida desde la concepción. Esa tensión va a ser muy difícil de evitar”. “No sería la primera vez que se generaría un desacople entre la ley y la realidad”, abundó, y reconoció que el debate se dio en un contexto complejo: “La incidencia de la Iglesia es un tema muy delicado. Un gobernante no puede olvidarse de que el Papa, al ser argentino, incide en nuestro país de una forma muy particular. Nuestra responsabilidad como fuerza de gobierno es tratar de coordinar una legislación laica pero sin dejar de tener en cuenta la influencia que tiene el papa Francisco en estos momentos”.

Esa lectura fue aceptada, aunque a regañadientes, por los legisladores oficialistas que compartían la letra originaria del texto. Como aliciente, saben que, de todos modos, la nueva redacción no condiciona la aplicación de cuestiones que tienen leyes específicas, como el aborto no punible o la fertilización asistida. El riesgo, en tal caso, es que grupos ultramontanos utilicen la concesión en el artículo 19 para exigir que se actúe contra laboratorios que congelan embriones con el argumento de que se trata de “personas”. Esas grietas, precisamente, son las que disgustaron a la militancia K que desde un principio observó con simpatía la formulación de un nuevo Código Civil.

¿Pero fue sólo Francisco el responsable de que la Iglesia imponga, una vez más, su dogma en la regulación del comportamiento social?

Fortunato Mallimaci, profesor universitario y especialista en temas de cultura y religión, aseguró a Veintitrés: “Hay memorias, imaginarios, representaciones sobre el poder de la Iglesia que se ha construido en el largo plazo. Si bien la desinstitucionalización del catolicismo es reconocida por la gran mayoría de los actores político-sociales, la Curia sigue guardando un poder simbólico que le da una presencia casi única en la sociedad argentina”.

El especialista Fortunato Mallimaci destacó como un factor negativo que el Código Civil contemple a la Iglesia como una institución de bien público
Mallimaci destacó como un factor sumamente negativo que el Código Civil contemple a la Iglesia como una institución de bien público. Se trata de una concepción que proviene del código de Vélez Sarsfield. El investigador del Conicet desarrolló esta idea en su presentación ante la comisión bicameral: en una mirada histórica socio-religiosa, el docente universitario recordó que “el código de 1871 busca imponer el liberalismo en toda la vida y su objetivo fue regular la república liberal conservadora. (…) El proceso incipiente de militarización y catolización que se vive a partir del golpe de 1930 pone en tela de juicio esa hegemonía liberal. La Iglesia Católica no acepta ser subordinada ni compartir la ‘argentinidad’ con otros grupos religiosos y pasa a ser un actor de poder central en las nuevas hegemonías”.

En 1968, durante el onganiato, “la única institución religiosa que, sin tapujos, es considerada de derecho público es la Iglesia Católica”, dejando de lado a otros grupos y organizaciones religiosas no católicas. Esos grupos serán a partir de ese momento invisibilizados y perseguidos. De acuerdo con la exposición de Mallimaci, “la única institución religiosa ‘verdadera’ que monopoliza, distribuye el bien común y defiende la ‘patria’, es ahora sólo la Iglesia Católica”, una circunstancia que se mantendrá por décadas. La última dictadura cívico-militar “no sólo siguió en la misma línea sino que agradeció el asesoramiento, participación y complicidad de la institución eclesial”.

“Mantener a la Iglesia Católica como si fuera una institución estatal consolida viejos paradigmas, niega una sociedad pluralista y diversa e impide consolidar la ciudadanía religiosa y la democracia”, concluyó el especialista. Las consecuencias de esto están a la vista.

Otras reformas

El próximo miércoles comenzará el debate en el recinto del Senado nacional para aprobar el proyecto de unificación y reforma de los códigos Civil y Comercial, luego de que esta semana la comisión bicameral le diera dictamen favorable. El oficialismo incorporó 180 modificaciones en la nueva reglamentación con respecto al texto original que había redactado el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, junto a su colega del tribunal Elena Highton de Nolasco y la ex jueza mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci.

Uno de las modificaciones más relevantes tiene que ver con la eximición de la responsabilidad civil del Estado, que finalmente pasará a tramitarse como responsabilidad administrativa mediante una ley especial fuera del Código. Este punto generó un fuerte debate entre el Ejecutivo y el máximo tribunal de justicia y también en el Congreso entre el oficialismo y la oposición.

Fue por esta razón que Lorenzetti, Highton y Kemelmajer no se presentaron a la reunión de la bicameral del martes. Prefirieron excusarse a través de una nota en la que señalaban que no podían concurrir. De todos modos, resaltaron “el extraordinario trabajo de participación de toda la ciudadanía”, y subrayaron que “la opinión (de la comisión que encabezaron) ha sido claramente reflejada en el proyecto elevado al PEN”.

Desde el Frente para la Victoria negaron que el nuevo Código le otorgue más poder al Estado como plantea la oposición. Para el senador Marcelo Fuentes, “la naturaleza jurídica de la responsabilidad del Estado es de derecho administrativo” y entiende que en el proyecto oficialista “se encuadra la cuestión como corresponde, que no sean jueces de competencia civil los que analizan la responsabilidad del Estado”.

La propuesta del oficialismo declara también la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y elimina el “vínculo afectivo para la adopción y estipula un plazo de 90 días para determinar la situación de adoptabilidad del niño”.

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