Tras más de cuatro años de un intenso conflicto en la Justicia, pero también en los medios de comunicación- la Corte Suprema de Justicia declaró a fines de octubre de 2013 que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional en todos sus artículos. De esta manera el máximo tribunal del país echó por tierra el planteo de inconstitucionalidad presentado por el grupo Clarín sobre los artículos 41, 45, 48 y 161 que conforman el denominado ”paquete de desinversión”, puso fin a la larga controversia y decretó la plena vigencia de la norma.

La mentada ley de medios, que había sido sancionada entre festejos hacía cuatro años –a mediados de 2009-, quedó plenamente aplicable. Desde diciembre de 2009 pesaba una cautelar que puso en suspenso la aplicación para el grupo Clarín sobre los cuatro artículos referidos a la desinversión que debían hacer las empresas que excedieran los límites en cuanto a cantidad de licencias y porción de mercado planteados en la normativa.

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El 7 de diciembre de 2012, recordado emblema del oficialismo a través de la nomenclatura 7D, vencía el plazo establecido por la cautelar para que se desinvirtiera, pero la Cámara Civil y Comercial Federal decidió postergar la aplicación hasta la definición de la cuestión de fondo y el caso llegó finalmente a la Corte Suprema, que este año declaró que la Ley no es inconstitucional, no afecta la Libertad de Expresión y que todos los artículos en conflicto eran plenamente constitucionales. También decidió que se avanzara en la desinversión, por considerar vencido el plazo previsto en la norma para concretar la adecuación.

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Miles de militantes celebraron en los alrededores del Congreso de la Nación al conocerse el veredicto del máximo tribunal, que previamente había realizado audiencias públicas televisadas en las que abogados de ambas partes y sus respectivos amicus curiae argumentaron durante dos intensas jornadas sobre los fundamentos de cada posición en pugna. Finalmente, la Ley entraba en plena vigencia.

Desde entonces se avanzó en los procesos de intervención del AFSCA para seguir con la adecuación de oficio. Clarín se vio obligado entonces a presentar su propio plan de adecuación a la ley que prevé la división del grupo en seis unidades de negocios y el titular del ente regulador, Martín Sabbatella, dijo que revisarán lo presentado y que el Estado ”recuperaba autoridad”.

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Ya en noviembre, la Comisión Bicameral del Congreso definió a los directivos del AFSCA, incluido el último miembro por la oposición que faltaba, el representante de la tercera minoría –que fue finalmente el diputado bonaerense (mc) del GEN, Gerardo Milman- y un hombre de Daniel Scioli.

Finalmente, y aunque el organismo contralor dijo que resolvería las adecuaciones en 2013, la resolución quedará para el próximo año. En diciembre, a pocos días de terminar el año, estalló una nueva puja por el incumplimiento de Clarín en relación a las grillas de canales de cable. Lo hizo saber Sabbatella primero y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, después. La batalla, en otro campo, no terminó.

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