El funcionario dijo hoy a Télam que el máximo tribunal ”tomó a su cargo la demanda de La Pampa, tras un dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación, por lo que el proceso judicial presentado está avanzando rápidamente”.

Lastiri destacó que el gobierno pampeano continúa ”relevando el cauce del Atuel para demostrar que desde el punto de vista hidrológico y ambiental es perfectamente posible, aún en las crisis hídricas, la posibilidad que haya un caudal ambiental para La Pampa”.

En la demanda del 16 de mayo, La Pampa pidió que se declare el incumplimiento de Mendoza al fallo de la Corte de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar convenios de buena fe para regular el uso del agua del Atuel, considerado ”interprovincial” por este tribunal.

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Solicitió además que se ordene el cese del daño ambiental en el oeste pampeano y la restitución del río, se fije un caudal fluvioecológico en forma inmediata de agua para La Pampa y se exijan obras para optimizar los recursos de agua en el sistema de riego mendocino.

Este conflicto inició a principios del siglo XX cuando Mendoza produjo el primer corte del río Atuel, desapareciendo el brazo principal conocido como ”Atuel Viejo”, aunque otro corte terminó con el cauce hídrico que llegaba a La Pampa a raíz de la construcción de la presa hidroeléctrica El Nihuil en 1947 -esta provincia surgió como ente jurídico en 1952-.

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En 1987, la Corte Suprema declaró la ”interprovincialidad” del Atuel y exhortó a Mendoza a realizar obras para mejorar la eficiencia del riego, aunque le entregó el derecho de regar 75.600 hectáreas, mientras que el excedente debía ser motivo de ”convenios interprovinciales para conseguir una participación equitativa del agua para La Pampa”.

El actual gobernador pampeano Oscar Jorge y el entonces mandatario mendocino Celso Jaque firmaron el 7 de agosto de 2008 el último convenio entre ambas provincias por el río Atuel, que en realidad fue estimulado por el gobierno nacional.
El acuerdo fue aprobado por los legisladores de La Pampa y rechazado por los de Mendoza.

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El convenio, que continuó el conflicto político, pretendía asegurar a La Pampa un mínimo de escorrentía permanente sobre el río Atuel en el límite interprovincial y hasta la puesta en marcha y concreción de distintas obras por parte de Mendoza vinculadas a la impermeabilización de los canales marginales por donde debería llegar el agua.
Telam

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