La Corte define el per saltum para la ley de medios en el último acuerdo del año

 

La Corte Suprema resolverá mañana si acepta o no el per saltum interpuesto por el Gobierno nacional, luego de que el juez Horacio Alfonso aceptara en términos suspensivos la apelación del Grupo Clarín al fallo en el que decretara la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios. Esa decisión obliga al multimedios a deshacerse de una gran cantidad de licencias para adecuarse a los límites de la legislación vigente.

El máximo tribunal que preside Ricardo Lorenzetti se reunirá luego del parate navideño, para determinar sobre el recurso presentado por el Estado, luego de que la ley de medios volviera a frenarse. En caso de admitir el per saltum, deberá dedicarse de inmediato a resolver la cuestión de fondo y ponerle fin al entuer-to que lleva más de 3 años reco-rriendo los tribunales.

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Si, por el contrario, la Corte considera improcedente la presenta-ción del recurso que aprobó el Congreso hace algunas semanas, la causa seguirá su curso normal. Es decir que la apelación de Clarín al fallo de Alfonso tramitará ante la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, la misma sala cuestionada por sus vínculos directos con el grupo de Ernestina Herrera de Noble y cuyos miembros fueron recusados por el Poder Ejecutivo nacional.

Tras este paso, ahora sí, el Estado podría llegar a la Corte por la vía del ”recurso extraordinario” y conseguir, de una vez, que los ministros se dediquen a resolver la constitucionalidad de los artículos de la ley de medios que están paralizados desde hace tres años.

”Concédese libremente” fue la fórmula textual que usó Alfonso para elevar el planteo del multimedios a la Cámara Civil y Comercial con la detención de la aplicación plena de la ley, y evitar así en su resolución hacer referencia explícita sobre si la apelación tiene carácter ”suspensivo” o ”devolutivo”.
Todas las partes implicadas  prevén que será la Corte la que  termine resolviendo la cuestión.

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Los dos últimos fallos de la Corte

El 22 de mayo, la Corte no sólo fijó el 7D como fecha tope para la cautelar sino que establecía que el plazo de un año para desinvertir, que fija el artículo 161, estaba ya vencido.

El 10 de diciembre, la Corte rechazó un primer per saltum del Gobierno, presentado cuando la cámara extendió la cautelar. No cumplía con un requisito de forma: ese recurso es aplicable sólo a un fallo de primera instancia.

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