En un encuentro con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina manifestaron su voluntad de participar del debate y afirmaron que ”las presiones y los condicionamientos que puedan imponer los grupos o poderes económicos son inadmisibles”.

Durante la reunión con Alak, el presidente de la Comisión de Justicia y Paz, Gabriel Castelli, y el asesor del Episcopado en asuntos jurídicos, Juan Gregorio Navarro Floria, negaron que la Comisión exprese ”una posición de enfrentamiento con el Gobierno en este terreno”.

Asimismo, señalaron que los medios periodísticos reprodujeron un borrador apócrifo con conceptos que no están incluidos en la versión oficial.

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Al respecto, desmintieron que la organización haya señalado que ”la prohibición de medidas cautelares o ejecutivas en contra del Estado sería la reedición de medidas ya tomadas en los años 90 para impedir o limitar el ejercicio de los derechos”.

También sostuvieron que no es verdad que se haya declarado que ”los argentinos hemos visto con escándalo el espectáculo de jueces que exhiben joyas, propiedades o un nivel de vida impropio de sus ingresos conocidos”.

En el escrito oficial, la Comisión consigna que ”el anuncio del Poder Ejecutivo de una serie de proyectos destinados a democratizar la Justicia invita a una seria y serena reflexión acerca de los cambios que ciertamente necesita la administración de Justicia en la Argentina”.

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Entre otros conceptos, en los que se expresan claras coincidencias entre las expectativas de la Comisión y las del gobierno nacional, se señala que ”las presiones y los condicionamientos que puedan imponer los grupos o poderes económicos son inadmisibles, y en caso de ser comprobados deben ser sancionados aplicando con rigor las leyes que ya existen para ellos, perfeccionándolas si fuere necesario”.

Asimismo, el texto sostiene que ”hay que celebrar la idea de una mayor transparencia judicial”, y la convicción de que ”todos los ciudadanos debemos contribuir en la medida de nuestros ingresos y patrimonios al sostenimiento del Estado mediante el pago de impuestos y no deberían existir excepciones”.

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”Es adecuado que también los jueces, funcionarios y empleados judiciales tributen proporcionalmente a sus ingresos”, manifiesta.

Por último, el documento del Episcopado considera, en sintonía con las iniciativas oficiales, que ”los procedimientos de ingreso al Poder Judicial en cargos administrativos o auxiliares necesitan efectivamente ser revisados, y reemplazados por concursos transparentes que aseguren el acceso de los más idóneos y capacitados”.

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