La central obrera y la Confederación de Trabajadores de Transporte se concentran frente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad

La conducción de la CGT y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizan una movilización de protesta en rechazo de los aumentos de tarifas de los servicios públicos.

La concentración es en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en Suipacha al 600, CABA.

Ayer, el consejo directivo de la CGT rechazó “el aumento desproporcionado de las tarifas” y “el nuevo proyecto oficial que degrada las condiciones laborales”; aseguró que “el ajuste permanente no es una política económica” y sostuvo que “el incremento desmedido e irrazonable de las tarifas evidencia el deterioro sostenido de los ingresos”, por lo que adoptará todas “las medidas sindicales necesarias”.

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Un documento oficial difundido por la conducción nacional de la CGT luego de casi cuatro horas de debate en Azopardo al 800, afirmó que “el creciente nivel inflacionario que, lejos de apaciguarse, parece superar el de 2017, provoca el aumento de los precios de alimentos y productos; erosiona el poder adquisitivo salarial y se retroalimenta con el valor de los servicios públicos, por lo que se impone restablecer una relación permanente entre valor de los haberes y de las tarifas”.

“La vulnerabilidad de la economía nacional, jaqueada por el elevado nivel de endeudamiento eterno e interno; la ausencia de inversiones externas y locales; las altas tasas de interés que estimulan la especulación financiera; la innecesaria importación de bienes manufacturados y de materias primas, que afectan la industria local; la permanente fuga de capitales y la errática política cambiaria, tienen graves consecuencias sobre la situación social y laboral de los trabajadores”, puntualizó.

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La CGT añadió que “la especulación financiera eclipsa la producción, favorecida por tasas de interés exorbitantes e instrumentos financieros alentados por el gobierno”, y enfatizó que es imprescindible atenuar “la presión impositiva sobre los ingresos”.

Además, realzó que “la ausencia de un programa nacional de infraestructura básica, de agua potable y cloacas, de suministro eléctrico, de servicios de gas y sanitarios, de viviendas populares, de transporte público y de seguridad ciudadana afecta a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de manera esencial”.

La central agregó que si “el programa económico no asienta el eje en lo social no será posible revertir la desigualdad y atender las necesidades de los desprotegidos”, e indicó que ante tanta incertidumbre económico-social, “el Ejecutivo impulsa otra vez reformas laborales que disminuyen indemnizaciones por despido y socavan el orden público laboral a favor de los empresarios, provocando desigualdad”.

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La CGT rechazó esa iniciativa oficial y sostuvo que “el creciente deterioro de la situación socio-laboral hace inviable la política económica”, y exigió “la corrección de las estrategias públicas tarifarias y el abandono de cambios en la legislación laboral”.

“Hay que atender las necesidades postergadas de jubilados y pensionados y de los desocupados y restablecer los programas sanitarios y las políticas de protección económica a la sobreviviente industria local”, señaló la CGT, que adelantó que adoptará todas “las medidas de acción sindical necesarias para rechazar esa política económica”.

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