La Cámara Federal de Mar del Plata ratificó que el fiscal Carlos Stornelli está “en rebeldía”

La Cámara Federal de Mar del Plata ratificó que el fiscal Carlos Stornelli está “en rebeldía” por haberse negado a declarar todas las veces que fue citado por el juez Alejo Ramos Padilla. Stornelli está imputado por integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje, la extorsión y la coacción.

La resolución de los camaristas tiene tres decisiones centrales:

● Ratifica la situación de rebeldía de Stornelli aunque recuerda que tiene inmunidad de arresto.

● A pesar del estado de rebeldía, le ordena al juez reabrir el diálogo procesal con el imputado porque la declaración de rebeldía aún no está firme.

● Le dice a Ramos a Padilla que él tiene la potestad de pedir el desafuero del fiscal, en lugar de haberle dado curso al Procurador Eduardo Casal para que tome medidas al respecto.

Los jueces Bernardo Bibel y Eduardo Giménez no hicieron lugar al pedido del abogado de Stornelli, Roberto Ribas para que se revoque la rebeldía al afirmar que “en un sistema democrático, con funcionamiento republicano de las instituciones, no deben admitirse privilegios personales que permitan al beneficiario de una inmunidad de arresto, abstraerse del cumplimiento de determinadas cargas procesales derivadas del proceso judicial regular, como la de comparecer ante la justicia”.

Los camaristas señalaron que la actitud de Stornelli es inadmisible: “Creemos sinceramente que no es posible admitir que, invocando su condición de funcionario público, un ciudadano exija o espere un trato preferencial en ese sentido. No puede admitirse que el imperium del Poder Judicial se haga efectivo ante el ciudadano común contumaz a cumplir con una orden judicial y, por el contrario, se disuelva ante un funcionario público por su sola condición de tal”.

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Al mismo tiempo, la Cámara revocó la decisión del juez de Dolores de cortar el diálogo procesal con Stornelli, por entender que esa definición aún no está firme y se trata de un funcionario público. A partir de ahora el abogado del fiscal de las fotocopias podrá volver a presentar planteos en el juzgado de Dolores y acceder al expediente.

En otro orden, la Cámara le dice a Ramos Padilla que, tras la declaración de rebeldía, el camino correcto según la normativa vigente no era pedirle a la Procuración que arbitre los medios necesarios para que Stornelli se ajuste a derecho, sino que él tiene la potestad de solicitar el desafuero. Afirman que según la ley 25.320 “una vez que el Magistrado actuante constata la incomparecencia del fiscal aforado a estar en juicio, deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político a la autoridad competente, ya que, de así acaecer y si correspondiese, una vez despojado el fiscal de sus fueros, es el propio Juez quien posee las herramientas procesales” para hacer comparecer al fiscal. Es decir, podría llevarlo a declarar con la fuerza pública porque una vez desaforado ya no gozaría de inmunidad de arresto. En la resolución en la que lo declaró “en rebeldía”, Ramos Padilla le había dado curso al procurador general para que adoptara “las medidas necesarias para garantizar la comparecencia del fiscal federal Carlos Stornelli en este proceso judicial”. Es decir, dejaba la definición de qué medidas tomar en manos de Casal. Esto es lo que hoy la Cámara dice que no es correcto. Ahora Ramos Padilla tiene la pelota en su cancha y la indicación de sus superiores para pedir concretamente el desafuero o juicio político de Stornelli.

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Los jueces marplatenses recuerdan que a Stornelli “se lo convocó para que concurriera los días 7, 20, 22 y 26 de marzo del corriente año sin que asistiera a dichas citaciones, omitiendo justificación alguna de su ausencia”. E incluso dedican un párrafo a criticar en duros términos la actitud del fiscal rebelde que, con la excusa de su inmunidad decidió no ajustarse a derecho, con el agravante de tratarse de un integrante del Poder Judicial: “nos permitimos reflexionar que los funcionarios públicos alcanzados por esa prerrogativa, no debieran abusar de la misma, para intentar eludir su obligación de cumplir con una manda judicial, máxime cuando en este caso, el convocado se trata de alguien que fue designado justamente para promover la actuación de la justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

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