La basura importada por Macri es contaminante y puede ser denunciado penalmente

El decreto del Gobierno que modificó la Ley de Residuos Peligrosos dejó a la vista un problema de fondo: qué hacen los países para gestionar su basura. La modificación que flexibiliza los requisitos para importar residuos generó la reacción de organizaciones ambientalistas y cooperativas de cartoneros por las consecuencias que podría traer aparejada, entre ellas el riesgo potencial de que ingresen residuos peligrosos, dado que la nueva normativa no exige el certificado de inocuidad del país emisor, y que perjudique seriamente a la única cadena de reciclado que existe en los centros urbanos, los cartoneros. La pregunta que se hacen los especialistas parece obvia: “¿De verdad vamos a pagar por la basura cuando acá enterramos la nuestra?”
Según el último informe del Estado del Ambiente, actualizado en 2017, en Argentina se genera un promedio de 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, lo que equivale a una tonelada de basura cada dos segundos. De acuerdo a los datos brindados por el Ceamse, que sólo opera a la zona metropolitana de Buenos Aires, el 40 por ciento de los residuos corresponde a material orgánico; el 14 por ciento, a papel y cartón; y el 13 por ciento son plásticos. El resto de los materiales son vidrio, residuos textiles y metales, entre otros. Todos materiales que podrían ser parte de los llamados residuos reciclados.

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Para los que siguen de cerca la legislación ambiental el decreto cayó como un balde de agua fría. “Inaudito”, fue la palabra que usaron para describirlo. Tanto desde Greenpeace como desde la Asociación de Abogados Ambientalistas no tienen dudas de que la modificación significa, de manera solapada, una flexibilización de los requisitos para poder ingresar residuos.

El decreto 591/2019 -publicado en el Boletín Oficial el 26 de agosto con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Producción, Dante Sica- modifica los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos. El objetivo de la nueva norma es permitir el ingreso de “sustancias y objetos”, procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.
La modificación más importante radica en que el decreto anterior exigía de manera taxativa un “certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen”. Sin el certificado de inocuidad quedaba totalmente prohibido el ingreso de cualquier tipo de desechos “procedentes del reciclado o recuperación material de desperdicios”.
Ahora serían el Ministerio de Producción y el rebajado Ministerio de Ambiente –convertido en Secretaria- quienes supervisarían que los residuos cumplan con la legislación vigente, o sea que no sean peligrosos, y que “no generen impactos adversos para el ambiente o la salud”. La crítica radica en que esas consideración se harían una vez recibidos en suelo argentino.

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