Investigan el vínculo de Julio Novo con una red internacional de narcotráfico

La noticia –publicada el 31 de diciembre por Tiempo Argentino– no mereció la debida atención del espíritu público, pese a sus imprevisibles consecuencias políticas y judiciales. Lo cierto es que en la historia delictiva argentina no hay antecedente alguno de un episodio semejante: el súbito allanamiento de una fiscalía general; en este caso, la de San Isidro, en virtud de una grave denuncia contra su titular, Julio Novo –presentada nada menos que por un subordinado suyo, el fiscal Luis Angelini– por ofrecer tranquilidad a una red internacional de narcotráfico al sabotear la pesquisa sobre los crímenes de tres colombianos en el Gran Buenos Aires.

La irrupción policial –ordenada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado– alcanzó los despachos de los fiscales generales adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro. Hubo otra requisa simultánea en la fiscalía descentralizada de San Fernando –en donde Angelini tenía su oficina antes de ser apartado– y una ”visita de cortesía” a la Procuración de la Suprema Corte provincial, a cargo de la doctora duhaldista María del Carmen Falbo, quien a último momento esquivó el escarnio de una revisación forzosa con la entrega voluntaria de la documentación requerida.

A esta altura, no deja de sorprender que las sangrientas secuelas de una interna en el corazón del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia propiciaran la peor desventura de Novo, una de las vacas sagradas de la familia judicial, y no sin herir en el norte bonaerense el pacto secreto entre intendentes, policías y fiscales.

ADIÓS A LAS ARMAS. Una de sus más recientes apariciones públicas ocurrió en julio de 2013, durante un acto del Frente Renovador en San Isidro. En esa oportunidad, el líder del espacio, Sergio Massa, tuvo una frase de elogio para su persona: ”El fiscal general hace muy bien su trabajo.” Novo, entonces, sonrió con humildad. Antes fue efusivamente abrazado por un candidato a concejal por el distrito; era Juan Carlos Rebollo, un antiguo dignatario de la Maldita Policía de Eduardo Duhalde sospechado de haber integrado el personal de un campo de exterminio durante la última dictadura. También aplaudía a rabiar un sujeto de ojos rasgados y kilos de más; no era otro que el comisario retirado Ángel Casafuz, quien años atrás había sido jefe de Delitos Complejos y Narcocriminalidad de la Bonaerense. Su presencia remitía a una vieja historia.

En los corrillos de la mazorca provincial aseguran que en la mañana del 3 de junio de 2002, Casafuz recibió una llamada telefónica. Se dice que desde el otro lado de la línea estaba nada menos que el fiscal general de San Isidro. El doctor Novo, un hombre con fama de duro e implacable, no había comenzado ese lunes de la mejor manera. Al parecer, mientras todavía tomaba los últimos sorbos de café y su esposa se disponía a llevar a los chicos al colegio, irrumpieron tres ladrones en su hogar, ubicado en la calle Catamarca al 600, de Acassuso. Sólo los dichos del fiscal consignan esa cantidad de intrusos.

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Otra versión señala que había un solo delincuente. El caso es que este ahora yacía en el suelo con tres balazos en la espalda. Y Novo empuñaba una pistola aún humeante. Al parecer, el muerto estaba desarmado. Los vecinos aseguran que, antes de llegar la policía, acudió al domicilio en cuestión un hombre de ojos rasgados y kilos de más. Curiosamente, en el expediente –instruido por una subordinada de Novo, la doctora Alejandra Dotti– quedaría asentado que, junto al cadáver del ladrón, había ”un revólver calibre 32”.

¿Qué poderosas razones tuvo el fiscal general de San Isidro para encubrir con tal ahínco a los sicarios de aquellas tres ejecuciones y, desde luego, a sus mandantes?
En 2009, 13 fiscales de San Isidro impulsaron un pedido de jury para Novo, a quien describían como un ”psicópata perverso”. Lo acusaban de arbitrariedad, filtración de datos reservados, trabas burocráticas, parcialidad, y malos tratos. Finalmente, la doctora Falbo archivó el expediente.

Por aquellos días, su intromisión en el caso por el asesinato de María Marta García Belsunce era notable. En esa ocasión, Novo interpuso desde su cargo un cúmulo de obstáculos para entorpecer la pesquisa. Desde el envío de allegados suyos para retirar partes del expediente hasta remplazar al fiscal Diego Molina Pico por otro, para luego reponerlo al iniciarse el primer juicio, pero con tres fiscales adjuntos que en realidad estaban alineados con la defensa.

En resumidas cuentas, la gran contribución de Novo a la justicia provincial consistió en consolidar un sistema que a los fiscales les exige mano dura, condenas sin pruebas, acusar por las dudas. Y con un férreo control sobre ellos. Un control cifrado en el hostigamiento, en coacciones de toda índole. Para así desalentar a quienes tuvieran la osadía de meter un palo en la rueda abocada a la fabricación de culpables en escala mayorista.

Sus desvelos punitivos encajan con los de Massa, cuya plataforma incluye el endurecimiento penal, la flexibilidad de las garantías procesales y la saturación de cámaras en las calles. Tales iniciativas cuentan con el aval de otros intendentes alineados con él. Todos ellos (Humberto Zuccaro, en Pilar; Luis Andreotti, en San Fernando; Gustavo Posse, en San Isidro, y Jorge Macri, en Vicente López) controlan con destreza desde sus respectivos municipios los índices de la violencia urbana a través de una encomiable convivencia con el Ministerio Público y los uniformados. En este punto cobra relevancia la figura de Novo, un gerenciador de esa cofradía.

En paralelo, sin embargo, Novo tiene numerosos pedidos de juicio político por estorbar causas por narcotráfico y ajustes de cuentas en el marco de dicha actividad. En definitiva, el fiscal general influiría negativamente en el esclarecimiento de los delitos para los que Massa propone aumentar las penas. No obstante, el intendente de Tigre insiste: ”Novo hace muy bien su trabajo.”

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MUERTE A LA COLOMBIANA. El 24 de julio de 2008 se produjo la ejecución casi quirúrgica de dos narcos colombianos en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez. Se trataba de Jorge Quintero Gartner y Héctor Edison Duque Ceballos, alias ”El Tetudo”. Pertenecían a un cártel de drogas conocido como Grupo Cordillera, encabezado por el paramilitar Carlos María Jiménez, actualmente preso en Medellín. Siete meses después, otro colombiano vinculado al mismo cártel, Juan Galvis Ramírez, fue enviado por un sicario al Mas Allá, frente a una tienda de artículos náuticos en San Isidro. Las alevosas maniobras del doctor Novo para entorpecer la pesquisa dieron forma a la denuncia penal del fiscal Angelini en su contra.

La primera causa era tramitada por el fiscal Diego Grau; la otra, por Angelini. Al principio, Grau se reunió con fiscales de Mercedes y La Matanza por investigaciones conexas; pero el adjunto de Novo –Marcelo Vaiani– le ordenó que abandonara el encuentro y acudiera a su despacho para impartirle directivas sobre la forma de llevar estadísticas. Novo luego abortó un pedido de allanamiento en la empresa de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, encarcelados dos años después por narcotráfico en España. A continuación, el fiscal general apartó a Grau de la pesquisa por lo del Unicenter, relegándolo sin fundamentos a tareas menores. En su reemplazo, Novo nombró en forma verbal a Angelini, pero sin proveerle ni siquiera un escritorio. Al mismo tiempo, le asignó la fiscalía de San Fernando con un plazo perentorio de 120 días para que finalizara las 1000 causas tramitadas allí.

A partir de entonces, las intromisiones de los adjuntos Vaiani y Rodrigo Caro se plasmaron en torpezas programadas –como el extravío de importantes pruebas– y otras zancadillas. Pero también en un insistente monitoreo de la pesquisa para saber si involucraba a otras personas. La frutilla del postre consistió en frustrar un viaje de Grau y Angelini a Colombia para entrevistar a testigos y funcionarios, además de acceder a documentos judiciales, por lo que los fiscales de ese país esperaron vanamente en el aeropuerto a sus colegas argentinos. La excusa esbozada al respecto fue una desinteligencia entre la Procuración y la Fiscalía General.

Un interrogante sobrevuela esta historia como un fantasma apenas disimulado: ¿qué poderosas razones tuvo el fiscal general de San Isidro para encubrir con tal ahínco a los sicarios de aquellas tres ejecuciones y, desde luego, a sus mandantes? En la respuesta, desde luego, se desliza un enigma mayor: la posible subordinación del doctor Novo a ciertos poderes ocultos del narcotráfico internacional. La jueza Arroyo Salgado tiene la última palabra.

Massa

La pata política. ”El fiscal general hace muy bien su trabajo”, expresó el intendente de Tigre en su campaña.

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