La Justicia intenta determinar si adquirió dos propiedades con dinero de sobrefacturaciones al sindicato de Camionero. Hay tres empresas vinculadas a su familia que habrían intervenido en la compra.

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, volvió a quedar en la mira de la Justicia que en esta oportunidad lo investiga por presunto lavado de dinero en la compra de propiedades. La causa está a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Morón, a cargo del juez Néstor Barral.

El expediente judicial contra Moyano se abrió tras una denuncia vinculada a la adquisición irregular de dos viviendas en la exclusiva zona de Parque Leloir, que se habría hecho a través de empresas pertenecientes al presidente de Independiente.

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Las compañías en cuestión están a nombre de los hijastros de Moyano, Juan Manuel Zulet y Valeria Salerno, y tienen como principales clientes tanto al Sindicato de Camioneros como a entidades afines, tales como la obra social del gremio.

Las empresas involucradas en la denuncia son Aconra Construcciones SA, Iarai SA, que brinda servicios relacionados con la salud y gerencia la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA) y Dixey SA, compañía dedicada a confeccionar ropa de trabajo y a brindar servicios de consultoría informática, según publicó Infobae.

Lo que está investigando el juez es si el dinero utilizado para la compra de los inmuebles provino de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros, mediante esas tres firmas.

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En cuanto a las viviendas que se encuentran bajo la lupa, una de ellas es la mansión que el ex secretario general de la CGT posee en la avenida De los Baqueanos al 800, en Parque Leloir, que supera el valor del millón de dólares. Por su parte, entre las vinculaciones se supo que Dixey SA, una de las tres empresas de la familia, tiene ese domicilio asociados en sus registros.

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Por su parte, días atrás, Graciela Ocaña, pidió ampliar la denuncia por enriquecimiento ilícito y sostuvo: “No puede ser que Moyano viva en su casa de Montes de Oca o Parque Leloir donde la titularidad de sus bienes está a nombre de titulares de la obra social; eso muestra el delito y como se han enriquecido”.

Esta no es la única investigación que compromete a Moyano: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció, en base a los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), vínculos económicos que unen a OCA con el gremio de choferes de camiones.

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